El comercio anual de bienes en América del Norte asciende a 1,5 billones de dólares y representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula las relaciones económicas entre los tres países, iniciará su primera revisión formal el próximo 1 de julio, dando paso a un proceso de negociación que podría extenderse durante varios años y redefinir las reglas que rigen las cadenas de suministro regionales. El resultado podría influir en la forma en que las empresas de los sectores manufacturero, industrial, de infraestructura y logística deciden dónde producir, abastecerse e invertir.
Tres preguntas clave estarán en el centro del debate.
La primera es si, con el tiempo, este proceso podría poner en riesgo el carácter trilateral del acuerdo. Aunque ese escenario no puede descartarse por completo, los obstáculos económicos y políticos siguen siendo significativos.
Durante las últimas tres décadas, las cadenas de suministro de América del Norte se han integrado profundamente. El aluminio puede enviarse desde Canadá a plantas de procesamiento en Estados Unidos; los componentes automotrices pueden trasladarse a plantas de ensamblaje en México; y, en algunos casos, un mismo vehículo puede cruzar varias fronteras antes de llegar al consumidor final. Sustituir el T-MEC por acuerdos bilaterales independientes requeriría nuevas negociaciones, cambios legislativos y años de implementación en los tres países.
Los costos estratégicos podrían ser aún mayores. El marco trilateral permite a Washington ejercer influencia sobre prioridades regionales más amplias, como el nearshoring, la resiliencia de las cadenas de suministro y la relación comercial de México con China. Una transición hacia acuerdos bilaterales podría debilitar esa capacidad y generar incertidumbre para las empresas que han construido sus operaciones en torno a un conjunto único de reglas.
Creemos que el riesgo de una terminación total es menor de lo que parece: si no se alcanza un acuerdo este año, el T-MEC no caduca, sino que pasa a revisiones anuales durante el resto de su período de 16 años, continuando hasta su expiración programada en 2036, lo que hace que el resultado más probable no sea un colapso, sino la continuidad de la negociación dentro del marco existente.
Uno de los principales temas de debate es si el T-MEC está logrando impedir de manera efectiva el transbordo de mercancías o lo que algunos sectores consideran una “puerta trasera” para el ingreso al mercado estadounidense de importaciones vinculadas con China. Esta discusión probablemente influirá en las negociaciones relacionadas con la industria automotriz, cadenas de suministro tecnológicas y sector energético.
La industria automotriz ocupa un lugar central en este debate. Aunque el T-MEC elevó los requisitos de contenido regional respecto de los establecidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), persiste la preocupación de que una proporción significativa de los componentes continúe originándose fuera de América del Norte. Como resultado, el proceso podría dar lugar a reglas de origen más estrictas, mayores exigencias de verificación y un escrutinio más riguroso sobre la forma en que se calcula el valor regional.
Las cadenas de suministro del sector tecnológico también podrían enfrentar mayores exigencias. Recientemente, México superó a China como principal exportador de Productos de Tecnología Avanzada (ATP, por sus siglas en inglés) hacia Estados Unidos. Esta categoría comercial incluye productos como semiconductores, computadoras, equipos electrónicos, equipamiento aeroespacial y equipos de telecomunicaciones.
Aunque gran parte de este crecimiento responde a actividades legítimas de nearshoring, las autoridades prestan cada vez más atención a la diferencia entre la manufactura realizada en América del Norte y el simple ensamblaje de componentes importados.
La energía constituye otro posible foco de tensión. Las disputas relacionadas con el trato que México da a los productores de energía estatales y privados han reavivado interrogantes sobre la protección de las inversiones, acceso a los mercados y mecanismos de resolución de controversias contemplados en el acuerdo.
La certeza jurídica también será clave para los inversionistas. Las reformas judiciales implementadas en México en 2024 despertaron inquietudes entre empresas estadounidenses y canadienses respecto a la independencia de los tribunales y el cumplimiento de contratos y garantías de inversión. Para las compañías que realizan inversiones de largo plazo en fábricas, proyectos energéticos e infraestructura, este factor puede ser tan importante como los aranceles.
En conjunto, estos debates sugieren que el proceso estará menos enfocado en ampliar el comercio y más en endurecer las reglas que determinan qué productos pueden beneficiarse del trato preferencial previsto por el T-MEC.
Aunque el comercio es el tema central de esta revisión, la seguridad está adquiriendo un papel cada vez más relevante en las conversaciones. La razón es simple: el nearshoring depende de algo más que de reglas comerciales. También requiere que las empresas tengan confianza para invertir en toda la región.
En los últimos años, Washington ha otorgado mayor importancia a cuestiones como la seguridad fronteriza, migración, tráfico ilícito y actividad de los cárteles en su relación con México. Si bien estos asuntos no forman parte directa del T-MEC, influyen cada vez más en el contexto político en el que se desarrollan las negociaciones comerciales.
Como consecuencia, es probable que las conversaciones trasciendan los flujos comerciales y aborden temas más amplios relacionados con las condiciones necesarias para fomentar la inversión, impulsar el nearshoring y fortalecer la integración económica de largo plazo en América del Norte.
Nuestro escenario central sigue siendo que el T-MEC se mantendrá como un acuerdo trilateral. Es más probable que este proceso derive en requisitos de contenido más estrictos, mayor supervisión de las importaciones vinculadas con China, aplicación más rigurosa de las normas laborales y continuidad de los debates sobre energía y protección de las inversiones que en una transformación profunda del comercio norteamericano. Sin embargo, más allá del 1 de julio, es probable que la relación comercial siga utilizándose como herramienta para influir en otros temas de las agendas bilaterales, lo que podría añadir un elemento persistente de incertidumbre a las decisiones de inversión en los tres países.
Para los inversionistas, las implicaciones van mucho más allá de la política comercial. A medida que las empresas buscan diversificar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de China, América del Norte se ha consolidado como un destino cada vez más relevante para la inversión en manufactura, industria e infraestructura. La revisión difícilmente revertirá esas tendencias, pero sí podría influir en dónde se realizan las inversiones y qué compañías estarán mejor posicionadas para beneficiarse de la próxima etapa de integración económica.
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