Pero de cara a 2026, hay fuertes razones para creer que está surgiendo la opcionalidad en una región a la que se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Una confluencia de cambios estructurales, tanto internos como externos, están abriendo una ventana de oportunidades que difiere mucho de los ciclos pasados. La transición global hacia economías digitales y verdes ha revalorizado los minerales críticos, la energía y la seguridad alimentaria, áreas en las que América Latina se encuentra muy bien posicionada. Las tensiones geopolíticas y la reconfiguración de las cadenas de suministro globales están impulsando la evolución de la globalización hacia una nueva era configurada por bloques comerciales regionales, donde la lógica económica tiene como contrapeso el alineamiento ideológico: la evolución de la deslocalización hacia la deslocalización cercana y la deslocalización con aliados.
En paralelo, comienzan a vislumbrarse indicios de un giro del péndulo político, desde la extrema izquierda hacia el centro y la centroderecha, que, en caso de concretarse, podría aportar una mayor previsibilidad política y madurez institucional. Los nuevos gobiernos se abocan cada vez más a aprovechar los vientos a favor que soplan en todo el mundo en lugar de dejarse sacudir por ellos, y existe una mayor conciencia de que, para lograr un crecimiento sostenible, hace falta no solo recursos, sino también seguridad, gobernanza y capital humano.
En este informe analizamos por qué esta vez las cosas podrían ser diferentes para América Latina. Examinamos la narrativa histórica de la región, el contexto global que favorece las oportunidades, las oportunidades que están surgiendo en los diferentes sectores para aprovechar el ascenso estratégico de América Latina y los cambios políticos y macroeconómicos fundamentales en curso.
La historia de América Latina está marcada por las paradojas. La región alberga más del 40 % de las reservas de cobre del mundo, más de la mitad de las reservas de litio conocidas y extensas reservas de recursos agrícolas y energéticos. Países como Brasil, Argentina, Chile y Perú son actores globales en los sectores de la soja, la carne vacuna, el café, el cobre y el litio. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, la participación de la región en el PIB mundial y el valor agregado manufacturero siguen siendo modestos: alrededor del 7,1% y el 7,5%, respectivamente.2
El bajo desempeño de la región tiene su origen en una combinación de inestabilidad política, fragilidad fiscal, desigualdad e inseguridad. La volatilidad política ha dado lugar a frecuentes cambios de políticas, lo que socava las inversiones a largo plazo. Los déficits fiscales y el gasto procíclico han provocado sacudidas externas a los países vulnerables. La desigualdad sigue siendo una de las más altas del mundo, lo que fomenta el malestar social y limita el desarrollo de una clase media sólida. El legado del colonialismo, la desigualdad persistente y la coexistencia de riqueza y marginalización han permitido que actores violentos se enquisten en determinadas partes del Estado, convirtiendo la inseguridad en un equilibrio que se refuerza a sí mismo y que configura la estabilidad política y los incentivos económicos.
La inestabilidad política y la desigualdad son limitaciones fundamentales. Según la Encuesta de confianza de la OCDE, llevada a cabo en 10 países de América Latina y el Caribe en 2023 y 2025, solo el 35 % de los encuestados manifestó una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno de su país, mientras que cerca de la mitad (48 %) manifestó una confianza baja o nula. Este nivel de confianza es notablemente inferior al promedio de los países de la OCDE, lo que refleja las constantes dificultades de la región en materia de gobernanza y credibilidad institucional. Al mismo tiempo, la desigualdad sigue siendo una de las más altas del mundo: la región tiene un coeficiente de Gini promedio de 0,46 frente al 0,32 de los países de la OCDE. Esta persistente desigualdad fomenta el malestar social, socava la cohesión social y limita el desarrollo de una clase media sólida.
Las políticas fiscales procíclicas, las elevadas cargas de deuda y el limitado espacio fiscal, atribuibles en parte a una lucha permanente para superar la brecha de la desigualdad, han dejado a los países vulnerables a las sacudidas externas. En paralelo, la débil recaudación fiscal y las estrechas bases de ingresos limitan la capacidad de los gobiernos para invertir en educación, infraestructura y tecnología, que son fundamentales para aumentar la productividad a largo plazo. Este patrón se traduce en una subinversión crónica en capital humano y bienes públicos, lo que reduce la capacidad de la región para aprovechar las oportunidades globales e impide que el crecimiento alcance su máximo potencial.
Los desequilibrios fiscales se pueden abordar recortando el gasto o aumentando los ingresos fiscales. La manera más eficaz de aumentar los ingresos no es solo cerrando vacíos legales o aumentando los impuestos a los que ya pagan impuestos, sino ampliando la base tributaria, principalmente a través de políticas que atraigan inversiones y generen puestos de trabajo, lo que ampliaría el número de contribuyentes. Fundamentalmente, la inseguridad actúa como un impuesto oculto sobre el crecimiento. Según el BID, el delito y la violencia cuestan a América Latina y el Caribe alrededor del 3,4 % del PIB, lo que equivale al 80 % de los presupuestos de educación pública de la región, el doble de su gasto en asistencia social y 12 veces los presupuestos combinados de I+D de esos países. Cerca del 47 % del costo corresponde al gasto de empresas privadas en seguridad y mitigación, ya que las compañías suelen pagar cargos de protección, absorber las pérdidas por robos y mantener costosos sistemas de vigilancia y seguros. Estas cargas reducen los márgenes de ganancia, desalientan la inversión y, en muchos casos, llevan a las empresas a trasladar los costos más altos a los consumidores o a retrasar los planes de expansión o incluso a abandonar por completo los mercados de alto riesgo.
A pesar de estos desafíos, hay varios factores que están convergiendo para crear una nueva narrativa. La dinámica global está cambiando favoreciendo directamente las fortalezas de América Latina. Un énfasis cada vez mayor en las transiciones digitales y ecológicas está sentando las bases para un crecimiento más sostenible, mientras que el perfil demográfico de la región sigue siendo favorable, con una población joven y en proceso de urbanización. Además, en el frente político está surgiendo la opcionalidad, y el péndulo regional posiblemente oscile desde la extrema izquierda hacia administraciones más favorables a las reformas institucionales, a una mejor gestión macroeconómica o, al menos, a una mayor participación privada.
El mundo está atravesando una profunda transformación, impulsada por el doble imperativo de la digitalización y la descarbonización. La rápida adopción de la inteligencia artificial, vehículos eléctricos, energía renovable y fabricación avanzada está impulsando una demanda sin precedentes de minerales críticos: litio, cobre, níquel, cobalto y elementos de tierras raras. Estados Unidos, la UE y China están procurando asegurarse el acceso a estos minerales, y América Latina, con sus extensas reservas, está en el epicentro de esta carrera global. Esto permite a los gobiernos y empresas de la región ejercer una influencia sin precedentes en las negociaciones comerciales y las asociaciones de inversión. La capacidad de la región para ascender en la cadena de valor (procesamiento, refinación e incluso fabricación de baterías) determinará qué porcentaje de la renta económica podrá asegurarse.
Más allá de los insumos minerales críticos, América Latina podría desempeñar un papel clave en la revolución de la energía verde. La región cuenta con una de las combinaciones eléctricas más limpias del mundo, y las energías renovables representan el 60% de la generación. Brasil es líder en energía eólica e hidroeléctrica, mientras que Chile es una potencia solar. La región también está atrayendo financiación verde— los emisores de la zona han recaudado más de 164 mil millones de dólares en bonos internacionales verdes y sostenibles entre 2014 y 2024.5 Los países también están invirtiendo en la modernización de la red eléctrica, el almacenamiento y las interconexiones transfronterizas para facilitar la transición energética.
América Latina y el Caribe sigue siendo un actor clave en los mercados mundiales de petróleo y combustibles fósiles, aprovechando reservas sustanciales y un crecimiento dinámico entre varios productores importantes. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo—alrededor de 303 mil millones de barriles—aunque la producción ha disminuido en los últimos años debido al deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y las sanciones internacionales. Sin embargo, recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando apertura a una nueva participación de empresas petroleras estadounidenses, han reactivado el debate sobre posibles inversiones y la recuperación de la capacidad en el sector petrolero venezolano. Si bien compartimos el renovado optimismo en torno al sector petrolero de Venezuela, consideramos que cualquier recuperación significativa en producción e inversión probablemente será un proceso gradual. Los desafíos estructurales y la necesidad de cambios sostenidos en las políticas implican que los impactos relevantes podrían materializarse a largo plazo.
Brasil se ha consolidado como el mayor productor de petróleo de la región y ahora figura entre los diez principales del mundo, con una producción que superó los 4 millones de barriles diarios a finales de 2025, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). El bloque Stabroek en aguas profundas de Guyana ha transformado al país en un importante exportador de energía, con una producción que se ha multiplicado casi por diez desde 2020 y se espera que supere el millón de barriles diarios para 2027, a medida que entren en operación nuevos proyectos. En Argentina, la formación de esquisto Vaca Muerta ha revertido años de declive, y el desarrollo no convencional ahora impulsa la mayor parte de la producción, que se proyecta alcance los 810,000 barriles diarios. Otros países, como México y Colombia, continúan aportando a la base de combustibles fósiles de la región, y Colombia también se ubica entre los principales exportadores de carbón del mundo.6
En conjunto, Brasil, Guyana y Argentina representaron cerca del 28% de la producción mundial de crudo en 2025, lo que resalta la creciente presencia de América Latina y el Caribe en los mercados energéticos globales. Esta expansión se apoya en una fuerte inversión en desarrollos costa afuera, producción de esquisto e infraestructura de exportación, posicionando a la región como un proveedor fundamental en el cambiante panorama energético mundial.7
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) estima que la demanda mundial de alimentos podría aumentar entre un 59% y un 98% para el año 2050, lo que representa un aumento impactante de la demanda de alimentos durante las próximas tres décadas, y América Latina es el granero del mundo. En conjunto, la región representa el 16% del total de las exportaciones mundiales de alimentos y agricultura y tiene la mayor participación de las exportaciones agrícolas netas del mundo.8
América Latina es también una de las pocas regiones del mundo que cuenta con una cantidad importante de tierras agrícolas sin explotar, con más de 5 millones de kilómetros cuadrados de tierra cultivable, el 23 % de las áreas forestales del mundo y entre el 60% y el 70% de todas las formas de vida en la Tierra. Recibe el 29 % de las precipitaciones del mundo y contiene alrededor del 30% de los recursos hídricos renovables del planeta.[5] Debido a esta ventaja en recursos naturales, es probable que la región latinoamericana siga desempeñando un papel fundamental en la producción y las exportaciones mundiales de alimentos en el futuro, especialmente Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que actualmente lideran la producción de soja, carne vacuna, maíz y azúcar. Los acuerdos comerciales y las mejoras logísticas están abriendo nuevos mercados en Asia y Medio Oriente, lo que aumenta el apetito interno por intensificar las inversiones en la región a medida que se multiplican las oportunidades gracias al acceso y la mayor adopción de tecnología.
La pandemia de COVID-19, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la guerra en Ucrania han dejado al descubierto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales. Ahora, las empresas están priorizando la resiliencia, la seguridad, la proximidad y la alineación ideológica frente a la mera optimización de los márgenes, lo que revela el verdadero significado de la evolución de la deslocalización en el enfoque actual en la deslocalización con amigos.
La ventaja de América Latina no radica solo en sus recursos o ubicación geográfica, sino también en la demografía y en la constante mejora del acceso para la población. La mediana de edad de la región es de 31,3 años, en comparación con 39,6 años en China y 42,5 años en Europa.10 Este “dividendo demográfico” significa el crecimiento de la fuerza laboral y la base de consumidores durante las próximas décadas. Una población más joven también conlleva un mayor apetito por la innovación y la disrupción. De esta manera, América Latina se ha convertido en uno de los mercados de capital de riesgo de más rápido crecimiento a nivel mundial, con más de 4,500 millones de dólares invertidos en 2024.11 La banca móvil, la tecnología financiera y el comercio electrónico se están expandiendo rápidamente. Según el Banco Mundial, actualmente la penetración de Internet es del 82%, frente al 49% de hace una década. Brasil y México se encuentran entre los mercados de fintech más grandes de la región por número de startups e inversiones. Según el IV Informe Fintech elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovist, el ecosistema fintech en América Latina y el Caribe ha crecido un 340% entre 2017 y 2023.
Después de un 2025 sorprendentemente resiliente, con un crecimiento del PIB proyectado del 2,3 % en la región a pesar de las guerras comerciales y la incertidumbre política, el consenso estima que el PIB regional crecerá en un 2,1 % para 2026, con algunas divergencias entre países. Se estima que México y Brasil crecerán un 1,3 % y un 1,7 %, respectivamente; el primero se acelerará respecto del crecimiento cercano a cero de 2025, mientras que se espera que el segundo consolide un crecimiento por debajo de la tendencia debido a una desaceleración del consumo. Se proyecta que Chile y Perú crecerán un 2,2 % y un 2,9 %, respectivamente, confiando en la resiliencia del consumo interno y en los sólidos términos de intercambio del sector minero. Se prevé que Argentina, tras el fuerte repunte del PIB esperado para 2025, se desacelerará hacia un crecimiento del 3,1% en 2026, mientras que se estima que la actividad en Colombia se acelerará solo marginalmente, ya que un impulso fiscal preelectoral se ve contrarrestado en gran medida por la caída de las inversiones privadas.12
En consonancia con una leve desaceleración del crecimiento regional, lo peor parece haber pasado en relación a presiones inflacionarias. La inflación regional se está estabilizando y se estima que la mayoría de los países tendrán tasas generales de entre el 2% y el 5%,13 dentro de los rangos objetivo de la mayoría de los bancos centrales, aunque más cerca del límite superior. Brasil y México han logrado anclar las expectativas mediante las medidas creíbles adoptadas por sus respectivos bancos centrales, mientras que Colombia sigue enfrentando una mayor inflación debido a desequilibrios estructurales. Argentina, a través de dolorosas medidas económicas, ha protagonizado una profunda recuperación que ha impulsado la inflación por debajo de los niveles de 2018 después de haber alcanzado casi el 290% en 2024.14 Los exportadores de materias primas de la región se están beneficiando de mejores términos comerciales, lo que ha contribuido a contrarrestar la inflación importada de alimentos y energía. El consenso estima que la inflación regional se moderará hacia el 3,7 % en 2026, apoyada por un ajuste previo de la política monetaria y un retorno de las expectativas de inflación a niveles más estables.
En general, los bancos centrales de la región han estado a la vanguardia, ajustando la política monetaria temprano y luego iniciando un ciclo de flexibilización gradual a medida que las expectativas de inflación se anclaban. La mayoría de los bancos centrales de la región continuaron flexibilizando las tasas en 2025. Sin embargo, las preocupaciones fiscales y la incapacidad de anclar la inflación mantuvieron la política monetaria en un modo restrictivo en Brasil; el Banco Central incluso subió las tasas 275 puntos básicos en 2025.15 Para 2026, el consenso prevé pocos recortes, con Brasil a la delantera (que alcanzará a sus pares en el ciclo de reducción de tasas) con casi 250 puntos básicos de flexibilización.16 El mercado no prevé recortes adicionales ni en Colombia ni en Perú, y solo se espera un recorte más en Chile.
Sin embargo, lo más interesante del panorama para América Latina en 2026 no serán los acontecimientos macroeconómicos, sino si terminarán por concretarse las expectativas de un giro en el escenario político. La opcionalidad es la palabra clave.
2026 es un año crucial para la política latinoamericana, con elecciones en Costa Rica, Brasil, Perú y Colombia, tras el intenso calendario electoral de 2025 en Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina. De hecho, el año ha comenzado con gran fuerza, y la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha marcado un punto de inflexión para uno de los regímenes autoritarios más arraigados de América Latina.
La región está experimentando un notable giro hacia un liderazgo centrista y pragmático, que refleja la fatiga de los votantes con el populismo y años de inestabilidad macroeconómica, impulsada por una creciente demanda de estabilidad, seguridad y crecimiento.
Si bien no fue el primer país en dar un giro de izquierda a derecha, Argentina es probablemente el principal ejemplo de la región. Después de casi 50 años de persistentes desequilibrios económicos y crisis financiera, el país pasó dos décadas bajo gobiernos mayoritariamente peronistas y de tendencia izquierdista, marcados por una fuerte intervención estatal, controles de capital y políticas fiscales expansivas. Hacia finales de 2023, la inflación había superado el 200 % anual, las reservas se habían agotado y la confianza de los inversionistas estaba en su nivel más bajo. La elección de Javier Milei en 2023 marcó un drástico cambio político y económico. La agenda de reformas radicales de Milei (reducir el gasto público y los subsidios, liberar parcialmente el tipo de cambio e introducir el marco RIGI para grandes inversiones) ha contribuido a poner a Argentina nuevamente en el mapa para los inversionistas internacionales. La inflación se ha moderado y ahora parece alcanzable la sostenibilidad fiscal; los mercados internacionales han recibido con beneplácito el cambio y el gobierno estadounidense ha ofrecido una línea de crédito de 20 000 millones de dólares.
Pero, en realidad, el primer país en dar un giro de izquierda a derecha y en mantenerse allí fue Ecuador. Durante más de una década, el país estuvo gobernado por administraciones populistas de izquierda, sobre todo la de Rafael Correa. Inicialmente, las políticas de Correa redujeron la pobreza y la desigualdad, pero a la larga condujeron a desequilibrios fiscales y a un deterioro del clima de inversión. Lenín Moreno, su sucesor, comenzó como aliado de Correa, pero gradualmente se fue desplazando hacia el centro, y la presidencia de Guillermo Lasso marcó un claro giro hacia políticas favorables al mercado. Sin embargo, los desafíos políticos llevaron a Lasso a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. Las elecciones anticipadas de finales de 2023 llevaron al poder a Daniel Noboa, un joven empresario de centroderecha. El enfoque pragmático y orientado al mercado de Noboa se ha centrado en restablecer la seguridad, mejorar el clima de inversión y continuar las reformas fiscales. A pesar de la persistente inseguridad, los mercados internacionales han recuperado la confianza en Ecuador, como se refleja en la fuerte compresión de los spreads soberanos.
El año pasado, tanto Bolivia como Chile han sido ejemplos del giro político que está teniendo lugar en la región. En Bolivia, las elecciones de 2025 pusieron fin a casi 20 años de gobierno de izquierda y llevaron al poder al presidente centrista/de centroderecha Rodrigo Paz, quien hizo campaña a favor de reformas graduales promercado, vínculos más estrechos con Estados Unidos y un enfoque más favorable a las empresas que sus predecesores Evo Morales y Luis Arce. Años de estancamiento económico, desequilibrios fiscales y acusaciones de corrupción prepararon el escenario para este cambio político. Por su parte, Chile, considerada durante mucho tiempo una de las democracias más estables de América Latina, experimentó un malestar social masivo en 2019 que llevó a la elección de Gabriel Boric, un joven izquierdista, en 2021. Las promesas de reforma social y un nuevo contrato social de Boric se han visto desafiadas por el bajo crecimiento, la débil creación de empleo y el aumento de la delincuencia. En diciembre de 2025, los chilenos eligieron a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, en una segunda vuelta contra Jeannette Jara, del Partido Comunista, logrando la victoria de derecha más decisiva del país desde el regreso a la democracia en 1990, ya que los votantes priorizaron la seguridad, el control migratorio y la estabilidad económica por sobre la continuidad con la agenda izquierdista anterior. Los desafíos que tiene por delante Kast son lograr una reducción significativa de la burocracia de Chile para atraer inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, así como equilibrar las finanzas públicas reduciendo el tamaño del Estado.
Aunque no se ha dado por los medios tradicionales, tras doce años de dictadura, Venezuela se encuentra ahora al borde de su propia transformación política. Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar dirigida en Venezuela, capturando a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico y armas en tribunales de Estados Unidos. En el periodo inmediato, Delcy Rodríguez—anteriormente vicepresidenta—fue nombrada como líder interina. Dentro de Venezuela, la situación sigue siendo tensa pero relativamente estable. Estados Unidos ha manifestado su intención de desempeñar un papel importante en la transición venezolana, especialmente en el sector petrolero. Apenas unos días después de la captura, el presidente Donald Trump anunció que las autoridades interinas transferirían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos, para ser vendidos a precio de mercado, con los ingresos gestionados por el gobierno estadounidense en beneficio tanto de los venezolanos como de los estadounidenses. Estos acontecimientos indican que el enfoque inmediato de la transición se ha desplazado hacia la monetización de los activos petroleros de Venezuela, con la cooperación en los ingresos petroleros y la supervisión del sector energético como elementos centrales de la estrategia interina—lo que podría tomar prioridad sobre las reformas políticas en el corto plazo.
Durante las últimas dos décadas, el panorama político y económico de Brasil ha oscilado entre administraciones de tendencia izquierdista y otras orientadas al mercado. El Partido de los Trabajadores (PT), bajo el liderazgo de Lula y Rousseff, amplió los programas sociales y se apoyó en el desarrollo dirigido por el Estado, pero también aumentó los déficits fiscales y la intervención estatal, lo que finalmente condujo a una crisis de confianza. Los gobiernos de Temer y Bolsonaro adoptaron políticas favorables al mercado, que incluyeron la reforma jubilatoria, las privatizaciones, la desregulación y la independencia del banco central, lo que contribuyó a restablecer cierta confianza entre los inversionistas y estabilizar las finanzas públicas. No obstante, desafíos persistentes como la desigualdad social y la polarización política llevaron a un regreso al PT en 2022. La actual administración de Lula ha aumentado el gasto y la intervención estatal, elevando el déficit fiscal y generando frustración por la debilidad económica, la inseguridad y las relaciones conflictivas con Estados Unidos. A medida que se acercan las elecciones de 2026, Lula enfrenta índices de aprobación más bajos y una creciente competencia de figuras de derecha como Tarcisio de Freitas y Flavio Bolsonaro. El entorno político sigue siendo muy incierto, con riesgos de fragmentación dentro de la derecha y la posibilidad de una mayor volatilidad.
Colombia llegó tarde a la “ola rosa” de la región y eligió a Gustavo Petro como su primer presidente de izquierdas en 2022. La campaña de Petro hizo hincapié en la justicia social y la reforma, con el objetivo de reducir la desigualdad y alejarse del gobierno macroconservador. Sin embargo, su administración ha tenido dificultades para aprobar reformas importantes debido al limitado apoyo del Congreso y a la fragmentación política. El crecimiento económico ha sido sostenido, pero las variables fundamentales subyacentes se han deteriorado: las inversiones se han estancado y la inflación se mantiene demasiado alta. El estilo confrontativo de Petro, sus frecuentes enfrentamientos con el Congreso y una serie de acusaciones de corrupción han erosionado aún más la confianza pública. Los índices de aprobación de Petro han caído desde alrededor del 50 % después de las elecciones de 2022 a cerca del 25 %, con un índice de desaprobación cercano al 60 %. A medida que Colombia se acerca a sus próximas elecciones, el descontento social y económico sigue aumentando, y el electorado tradicionalmente conservador podría apoyar un giro hacia el centro o la derecha, especialmente si los partidos de oposición pueden unificarse detrás de un candidato creíble para desafiar a la base de votantes de Petro.
La intervención contundente de Estados Unidos en Venezuela y la destitución de Maduro podrían tener efectos importantes en el escenario político colombiano de cara a las próximas elecciones. En primer lugar, la operación pone de manifiesto el renovado enfoque de Estados Unidos en la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, lo que probablemente aumentará la presión sobre Colombia—vecino de Venezuela y aliado estratégico de Estados Unidos—para mostrar resultados en el combate al tráfico de drogas y la seguridad fronteriza.
En segundo lugar, la inestabilidad en Venezuela puede intensificar las preocupaciones de los votantes colombianos sobre la seguridad, la migración y los riesgos de gobiernos de izquierda, especialmente considerando los desafíos de polarización política y las dificultades económicas que enfrenta Colombia bajo el presidente Petro.
Por último, la postura firme de la administración estadounidense podría dar impulso a la oposición de centro-derecha y conservadora en Colombia, quienes podrían aprovechar el temor al contagio regional y la inestabilidad para movilizar apoyo a favor de un cambio de rumbo y alejarse de la agenda izquierdista de Petro. En resumen, los eventos en Venezuela probablemente reforzarán las demandas de un liderazgo pragmático y enfocado en la seguridad en Colombia, y podrían inclinar la balanza electoral hacia el centro o la derecha si los partidos de la oposición logran unificarse en torno a un candidato creíble.
América Latina se encuentra en una encrucijada. La convergencia de la demanda mundial de recursos críticos, un cambio hacia la moderación política y la madurez institucional, así como las ventajas demográficas y geográficas únicas de la región, están abriendo una ventana de oportunidad que difiere fundamentalmente de los ciclos pasados. Esto no está exento de riesgos. Las inversiones deben tener en cuenta los posibles cambios de régimen y las subsiguientes reversiones de políticas, mientras que la escalada de las tensiones comerciales crea volatilidad en las monedas regionales. Además, las inversiones en regiones con operaciones militares activas o riesgos de seguridad elevados requieren seguros que ofrezcan mayor protección, una logística segura y la planificación de contingencias para posibles interrupciones. Y todo esto depende de la permanencia de los acuerdos comerciales, bilaterales o multilaterales, lo cual ―como se ha puesto de manifiesto recientemente― no está garantizado. Por último, los inversionistas harían mal en ignorar los obstáculos en materia de infraestructura y la necesidad de seguir invirtiendo en puertos, carreteras y conectividad digital. De todas maneras, tenemos la esperanza de que la región aproveche la actual coyuntura mundial y monetice lo que ha sido una promesa de larga data, que siempre quedó lejos de convertirse en realidad. Divididos entre promesas y retos, la opcionalidad nos mantiene optimistas.
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