América Latina enfrenta una paradoja en su desarrollo. Pese a varias décadas de avances en la gestión macroeconómica (control de la inflación, estabilización de la deuda y mayor apertura comercial), muchos países continúan mostrando un crecimiento limitado y niveles de inversión reducidos. Entre los factores más visibles que frenan ese progreso destaca la inseguridad (entendida en un sentido amplio), que opera como un impuesto oculto sobre la actividad económica y la confianza institucional.
La inseguridad en América Latina va mucho más allá de las cifras de homicidios que suelen dominar los titulares. Se trata de una amenaza sistémica y multidimensional que abarca el crimen organizado —narcotráfico, extorsión, secuestros, trata de personas, minería ilegal—, la violencia política ejercida por actores no estatales y el rápido crecimiento de delitos económicos como el fraude cibernético y el robo de mercancía a gran escala. También refleja profundas debilidades institucionales y altos niveles de impunidad que permiten la continuidad de estas actividades, favorecidas por sistemas de justicia corruptos o cooptados, fronteras vulnerables, redes de lavado de dinero y cuerpos policiales y judiciales con recursos insuficientes.
La inseguridad persistente eleva los costos operativos de las empresas, incrementa las primas de riesgo para la inversión y deteriora tanto el capital humano como el físico. El resultado es un freno constante que limita la capacidad de la región para cerrar su brecha de desarrollo y que, en la práctica, actúa como un impuesto recurrente sobre el emprendimiento, la productividad y la formación de capital.
El problema tiene un alcance global. El Institute for Economics & Peace (IEP, por sus siglas en inglés) estima que, en 2024, el costo económico de la violencia a nivel mundial ascendió a 19,97 billones de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo. Esta cifra equivale al 11,6% del Producto Interno Bruto (PIB) global o a 2.455 dólares por persona. Además, en el último año ese costo aumentó un 3,8%1.
La magnitud del problema es particularmente evidente en América Latina y el Caribe. Aunque la región representa solo el 8% de la población mundial, concentra cerca de un tercio de las muertes violentas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa promedio de homicidios es 10 veces superior a la de otros mercados emergentes y economías en desarrollo, y el doble de la de África Subsahariana. Además, casi la mitad de los crímenes está vinculada con redes de delincuencia organizada, frente al 22% global, lo que evidencia que gran parte de la violencia en la región responde a dinámicas económicas y delictivas, y no simplemente a conflictos interpersonales2.
Las raíces de la inseguridad en América Latina están estrechamente vinculadas a una trayectoria política, social y económica marcada por profundas desigualdades. A lo largo del siglo XX, los golpes de Estado, las insurgencias y la represión ejercida por distintos regímenes dejaron secuelas institucionales duraderas. La persistente inequidad, la presencia estatal limitada en amplios territorios rurales y la continuidad de estructuras económicas informales y excluyentes crearon un terreno fértil para que tanto la violencia política como el crimen organizado se expandieran y consolidaran.
Varios movimientos insurgentes que surgieron con motivaciones ideológicas durante la Guerra Fría terminaron transitando hacia el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, desdibujando así la frontera entre la insurgencia política y la delincuencia organizada. Los estudios sobre el desarrollo en América Latina han asociado estas transformaciones con patrones históricos arraigados desde la época colonial: estructuras sociales excluyentes, debilidad del Estado de derecho e instituciones vulnerables. La impunidad, sumada a contrastes socioeconómicos profundos, ha permitido que actores armados capturen segmentos del Estado, consolidando un equilibrio que se retroalimenta y condiciona tanto la estabilidad política como los incentivos económicos.
Para la década de 1990 y los primeros años de los 2000, las redes criminales transnacionales ya se habían consolidado como los principales motores de la violencia letal. Colombia se convirtió en el caso más extremo: a inicios de los años noventa, la tasa de homicidios alcanzó aproximadamente 75 por cada 100 mil habitantes, impulsada por las guerras entre carteles y el conflicto insurgente. Tres décadas después y tras acuerdos de paz y profundas reformas en los cuerpos de seguridad, la cifra se ha reducido a alrededor de 25 por cada 100 mil habitantes (2024)3,4 uno de los descensos más significativos de la región.
México, en cambio, experimentó una trayectoria opuesta. La “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 fragmentó a los grandes cárteles y desató disputas territoriales, extorsiones y robos de carga a gran escala. La tasa de homicidios pasó de ocho por cada 100 mil habitantes en 2007 a casi 29 en 2018, y se mantuvo cercana a 25 en 2023. En 2024, 11 ciudades mexicanas figuraban entre las 50 más violentas del mundo5.
Esta dinámica transformó las rutas regionales de tráfico y logística. La fragmentación de los cárteles desplazó parte del comercio ilícito —cocaína, armas y contrabando— hacia los corredores más débiles de América Central, donde el control estatal es limitado. Ello supuso un incremento considerable de los costos operativos para el sector privado, obligado a fortalecer las medidas de protección y seguridad.
Sin embargo, América Central ha demostrado que los ciclos de violencia pueden revertirse. En 2014, San Pedro Sula (Honduras) era la ciudad más peligrosa del mundo, con 142 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para 2023, una combinación de operativos más estrictos y programas comunitarios redujo esa cifra a menos de 26. El caso de El Salvador es aún más drástico. Previamente asociado con la violencia de las pandillas, en 2024 el país solo registró 114 muertes violentas, una tasa de 1,9 por cada 100 mil habitantes6, la más baja del hemisferio. No obstante, este descenso tuvo un alto costo institucional bajo un régimen extraordinario que se extendió durante más de dos años. Tras un repunte de homicidios, en marzo de 2022 el gobierno decretó el estado de excepción y lo prorrogó de forma ininterrumpida hasta 2024. La medida concedió amplias facultades a las autoridades para suspender libertades civiles, detener personas sin orden judicial y limitar la supervisión de los tribunales. Esto posibilitó una ofensiva masiva contra las pandillas (más de 78 mil detenciones hasta mediados de 2024), pero también debilitó las garantías del debido proceso, impulsó la militarización de la seguridad pública y generó denuncias de detenciones arbitrarias y prisiones hacinadas. Aunque hoy la población vive en condiciones mucho más seguras, han aumentado las preocupaciones sobre el equilibrio democrático y la erosión de los contrapesos institucionales.
Brasil, por su parte, redujo de manera sostenida su tasa nacional de homicidios: pasó de más de 30 por cada 100 mil habitantes en 2017 a cerca de 21 en 20247, el nivel más bajo en una década. A pesar de este avance, las zonas amazónicas y las áreas fronterizas mantienen focos críticos de violencia. Actualmente, 13 ciudades brasileñas aún figuran entre las 50 más peligrosas del mundo, cinco de ellas dentro de las primeras 30.
En contraste, otros países registraron un deterioro pronunciado. En medio de un colapso institucional, la violencia en Venezuela alcanzó su punto crítico y, en 2016, cerca de una docena de sus ciudades figuraban entre las 50 más letales del mundo. Para 2023, solo Caracas permanecía en esa lista. Por su parte, Ecuador, antes uno de los países más seguros de América del Sur, experimentó un aumento vertiginoso de los homicidios: pasaron de 5,7 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 45 en 20238, impulsado por enfrentamientos entre bandas para el control de nuevos corredores de tráfico. Esta escalada derivó en masacres carcelarias y en una toma de rehenes transmitida en vivo por televisión.
En el otro extremo, varios países de América del Sur han mantenido niveles relativamente bajos de homicidios, lo que los convierte en excepciones dentro del panorama regional. En 2023, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú registraron tasas de un solo dígito, muy por debajo del promedio latinoamericano y lejos de los niveles observados en México, Brasil o América Central.
Esta estabilidad responde a trayectorias históricas e institucionales particulares. Estos países atravesaron menos insurgencias prolongadas, quedaron fuera de los principales corredores de tráfico del norte y, desde sus transiciones democráticas, han consolidado fuerzas policiales y sistemas de justicia con mayor profesionalización. En Uruguay, un Estado de derecho sólido y modelo de bienestar robusto han reforzado la cohesión social. Chile y Argentina, por su parte, se benefician de economías diversificadas y clases medias cohesionadas que reducen el margen de maniobra para el crimen organizado. Perú, aunque enfrenta minería ilegal y cultivo de coca en zonas remotas, ha evitado una fragmentación criminal de gran escala.
En conjunto, estos casos muestran que la inseguridad en América Latina no es uniforme: los países con instituciones más fuertes, menores niveles de corrupción y una exposición periférica a las redes de tráfico transnacional han logrado contener la violencia con mayor eficacia y preservar un entorno más estable para la inversión y la gobernabilidad.
Al mismo tiempo, el avance de los crímenes llevados a cabo por herramientas digitales ha añadido una dimensión menos visible al panorama de seguridad regional. América Latina se ha convertido en uno de los principales blancos para la expansión del fraude financiero y ataques de software malicioso. En la última década, este fenómeno ha crecido a un ritmo promedio del 25% anual9, mientras los grupos criminales recurren a criptomonedas para mover y ocultar sus ganancias.
Varios episodios recientes ilustran esta tendencia. Cárteles mexicanos han sido vinculados a flujos ilícitos de Bitcoin y, según la agencia Associated Press, en 2024 una banda criminal instaló una red propia de antenas en Michoacán para extorsionar a los residentes y obligarlos a pagar por acceso a wifi bajo amenaza de muerte. Un dato especialmente revelador: Brasil registra un volumen de extorsiones y ataques de software malicioso equivalente al de los cinco países latinoamericanos que le siguen combinados (México, Argentina, Perú, Colombia y Chile).
Ningún país está completamente a salvo. La violencia en América Latina continúa siendo un fenómeno cambiante y adaptable, que se desplaza al ritmo de los mercados de drogas, la tecnología y las oportunidades disponibles. La transición de las insurgencias ideológicas al crimen organizado, y ahora a redes delictivas digitales, deja al descubierto una verdad central: la inseguridad no es un episodio circunstancial, sino una condición estructural que desgasta de forma constante la inversión, la productividad y el potencial de crecimiento a largo plazo.
El costo de la inseguridad en América Latina trasciende con creces su impacto social y se traduce en pérdidas económicas de gran magnitud, tanto directas como indirectas. Entre las primeras figuran el robo, la extorsión, la pérdida de cargamentos, los pagos de rescates y el incremento de las primas de seguro. Los efectos indirectos (menor inversión, productividad más débil, encarecimiento de las cadenas de suministro y mayores tasas de financiamiento) son aún más significativos.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y la violencia equivalen a alrededor del 3,44% del PIB de América Latina y el Caribe, una cifra similar al 80% del gasto público regional en educación, al doble del presupuesto de asistencia social y a 12 veces los fondos destinados a investigación y desarrollo. Cerca del 47% de este monto proviene de lo que el sector privado destina a protección y prevención10, ya que las empresas pagan cuotas de seguridad, asumen pérdidas por robos y mantienen costosos sistemas de vigilancia y seguros. Estas cargas reducen los márgenes de rentabilidad, frenan la inversión y, con frecuencia, obligan a trasladar costos a los consumidores, posponer planes de expansión o incluso abandonar los mercados de mayor riesgo.
A diferencia de otras regiones donde el gasto militar concentra la mayor parte de los costos vinculados a la violencia, en América del Sur la mayor carga proviene del crimen común, los homicidios y la necesidad de fortalecer la seguridad interna y privada. De hecho, casi la mitad del impacto económico asociado a la violencia se origina en estas áreas, mientras que el gasto militar representa una proporción mucho menor.
Para las empresas que operan en entornos de alto riesgo, la inseguridad se traduce de forma directa en pérdidas financieras y decisiones de inversión menos eficientes. Además de la violencia física, los delitos cibernéticos, el fraude y las crecientes exigencias regulatorias se han convertido en componentes centrales de los presupuestos corporativos de seguridad. Según el Banco Mundial, el costo promedio de un ciberataque en América Latina alcanzó unos 3,69 millones de dólares en 2023, un incremento de un tercio frente a los 2,8 millones de dólares de 2017.
Según la Asociación Económica Internacional (IEA por sus siglas en inglés), el crimen impone una carga económica significativa sobre la región y afecta a múltiples sectores y ámbitos de la sociedad. Las empresas se ven obligadas a destinar una porción considerable de sus recursos (alrededor de 1,6% del PIB) a seguridad, lo que desincentiva el emprendimiento y la innovación. Los costos directos e indirectos de la aplicación de la ley, incluyendo las operaciones policiales, los sistemas judiciales y los centros penitenciarios, ascienden a 1,08% del PIB. Estos gastos no se limitan a infraestructura: el impacto de largo plazo del encarcelamiento también reduce la productividad, y sus efectos pueden extenderse durante generaciones. Solo los homicidios provocan una disminución de 0,45% del PIB, con el Caribe como la región con las mayores pérdidas, de 0,71%.
La presión financiera también alcanza a los presupuestos públicos, ya que casi 1,9% del PIB se destina a seguridad y justicia, prácticamente el doble de lo observado en economías comparables. Esta elevada asignación de recursos a la prevención y respuesta frente al crimen suele restar financiamiento a áreas críticas como educación e infraestructura.
Las consecuencias más amplias de las altas tasas de criminalidad son profundas. Los inversionistas extranjeros (especialmente en sectores esenciales como agricultura y finanzas) muestran reticencia a entrar a estos mercados. Además, el aumento de la inseguridad incrementa la salida de mujeres de la fuerza laboral, lo que profundiza las desigualdades de género existentes. En última instancia, los costos económicos y sociales del delito van mucho más allá de las cifras visibles, lo que debilita la estabilidad fiscal y las perspectivas de desarrollo a largo plazo para la región.
Por otro lado, los resultados educativos también empeoran, porque las escuelas en zonas de alta criminalidad tienen dificultades para mantener la asistencia y ofrecer una enseñanza de calidad. La confianza (infraestructura invisible que sostiene a una economía funcional) se debilita, tanto hacia las instituciones como entre ciudadanos. Incluso el medioambiente se ve afectado, ya que la explotación de recursos naturales y degradación de ecosistemas por parte de organizaciones criminales avanza sin control.
El BID estima que la pérdida de capital humano por muertes prematuras, lesiones y encarcelamientos representa cerca del 22% del costo económico total del crimen en América Latina y el Caribe. En 2023, las instituciones financieras de la región destinaron alrededor de 15 mil millones de dólares a sistemas de cumplimiento y prevención del lavado de dinero para reducir los riesgos vinculados al crimen financiero11. Estas pérdidas en el ámbito empresarial se traducen en menores gastos de capital y crecimiento más lento del empleo formal. La criminalidad también debilita la demanda de inversión, porque tanto los empresarios locales como los inversionistas extranjeros tienden a evitar los mercados más volátiles.
La evidencia econométrica muestra que los repuntes de violencia se asocian con salidas de capital y la paralización de proyectos. Investigaciones del FMI indican que una recesión en América Latina y el Caribe suele traducirse en un aumento del 6% en los homicidios al año siguiente, y que episodios de inflación por encima del 10% pueden elevar la violencia alrededor de un 10%. En cambio, marcos de política estables, programas sociales sólidos, gestión económica responsable, inflación baja, redes de protección social, empleo de calidad y educación actúan como factores que previenen el avance del crimen.
Cada homicidio o lesión incapacitante elimina mano de obra productiva y talento emprendedor, mientras el miedo y la migración reducen el número de trabajadores calificados. A esto se suma la intensificación de la “fuga de talento”: en 2024, varios países de la región registraron puntajes elevados en el Índice de Fuga y Pérdida de Capital Humano (HFBDI, por sus siglas en inglés), una medición del Índice de Estados Frágiles que refleja la emigración persistente de profesionales y emprendedores. Esta erosión del capital humano limita la innovación, debilita la base del sector formal y aumenta la dependencia de actividades económicas de menor valor, lo que favorece la expansión del crimen organizado.
Los datos macroeconómicos ilustran con contundencia este efecto. El FMI señala que un aumento del 30% en la tasa de homicidios (equivalente a una desviación estándar histórica) en América Latina reduce el crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales. Incluso un repunte del 10% provoca una caída cercana al 4% en la actividad económica local. La percepción del crimen también incide en el desempeño productivo: un incremento del 10% en la proporción de noticias sobre criminalidad se asocia con una contracción del 2,5% en la producción industrial. En conjunto, estos datos indican que cerrar la brecha entre los niveles de violencia en la región y el promedio mundial podría elevar el crecimiento anual hasta en 0,5 puntos porcentuales12,13.
Por ejemplo, el impacto económico de la violencia en México es considerable. Según el IEP, en 2024 alcanzó los 4,5 billones de pesos (unos 225 mil millones de dólares), equivalentes al 20,8% del PIB14. En Brasil, la estimación para 2023 asciende a 474 mil millones de dólares y representa el 11,08% de su PIB15. En Chile, un estudio del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC) en 202516 calculó pérdidas anuales cercanas al 2,6% del PIB, es decir, alrededor de 8.200 millones de dólares, impulsadas por cierres anticipados de negocios y una menor actividad de los consumidores. Estas cifras reflejan la huella económica completa de la inseguridad, que abarca la caída de la productividad, pérdidas de bienestar asociadas al miedo y costo de oportunidad del gasto público y privado en seguridad.
La inseguridad persistente también puede mermar la confianza de los inversionistas y elevar de forma indirecta los costos de endeudamiento, al afectar las percepciones sobre la fortaleza institucional y estabilidad política. Si bien los diferenciales de riesgo soberano en América Latina dependen ante todo de los fundamentos fiscales, las condiciones externas de financiamiento y credibilidad de las políticas, episodios de violencia o deterioro en la gobernabilidad pueden amplificar esos riesgos. Según Capital Economics (2024), los niveles actuales de criminalidad restan alrededor de 0,25 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB regional.
La inseguridad no es una externalidad social que pueda ignorarse, es un factor de riesgo sistémico que eleva los costos esperados y reduce las tasas de retorno. Esto se refleja en primas de seguro y presupuestos de seguridad más altos, desvío de las cadenas de suministro, menor inversión de capital en las zonas afectadas y, en última instancia, una brecha persistente entre el PIB observado y el potencial en muchos países de la región.
Como hemos expuesto anteriormente, varios países de América Latina han logrado reducciones significativas en las tasas de homicidio durante la última década, aunque el avance ha sido desigual y algunas naciones siguen enfrentando un repunte de la violencia pese a la adopción de medidas de emergencia. Este panorama heterogéneo resalta la importancia de combinar la aplicación de la ley con reformas institucionales e inversiones sociales sostenidas para asegurar mejoras duraderas en materia de seguridad.
Los responsables de políticas públicas y las empresas no permanecen inmóviles. Las respuestas de la región muestran que es posible mitigar los riesgos y, en algunos ámbitos, convertirlos en oportunidades para fortalecer las instituciones y modernizar la economía. Los gobiernos están ajustando los marcos regulatorios (en especial las leyes contra el lavado de dinero, la recuperación de bienes de origen ilícito y la formalización de las cadenas de suministro), al tiempo que amplían programas sociales focalizados y estrategias de policía comunitaria para restablecer la presencia del Estado en territorios frágiles.
Al mismo tiempo, avanzan las alianzas público-privadas orientadas a mejorar la logística, vigilancia digital y prestación de servicios, respaldadas por plataformas del BID y la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), que financian corredores seguros de transporte e infraestructura crítica.
Para fortalecer la cooperación regional, el BID se unió a 18 países para lanzar la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Esta iniciativa permitirá a los gobiernos diseñar políticas contra el crimen basadas en evidencia y coordinar su implementación. Entre las 11 organizaciones que se sumaron al esfuerzo figuran el Banco Mundial, Interpol y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La marcada reducción de homicidios en El Salvador constituye un ejemplo controvertido pero ilustrativo de que una acción coercitiva contundente puede generar descensos rápidos en la criminalidad. Aun así, el BID, el FMI y el Banco Mundial instan a los gobiernos a acompañar esos avances con instituciones más sólidas e inversiones sociales sostenidas, para asegurar que los resultados se mantengan en el tiempo.
En el ámbito empresarial, están apareciendo nuevos sectores vinculados al cumplimiento normativo, la logística segura, los pagos digitales, la ciberseguridad y la resiliencia operativa. Esta dinámica ha impulsado la formación de un mercado regional que abarca almacenes con protección contra manipulación y sistemas de análisis de riesgo en rutas. Estimaciones recientes indican que solo el segmento de seguridad en las cadenas de suministro generó aproximadamente 267 millones de dólares en ingresos en América Latina en 2023, y que podría crecer a una tasa cercana al 12% anual hasta 203017, impulsado por la fuerte demanda de exportadores, operadores logísticos y fabricantes que buscan reducir los riesgos de robo, secuestro de carga y extorsión.
De manera similar, el sector de tecnologías de cumplimiento regulatorio (orientadas a facilitar la supervisión, la auditoría y la gestión de riesgos) en América Latina, valorado en alrededor de 1.200 millones de dólares en 2024, podría superar los tres mil millones para 2029. Este crecimiento responde a la mayor demanda de soluciones que reducen los riesgos de lavado de dinero, verificación de identidad y fraude18. Los proveedores de servicios de seguridad y gestión de riesgos están ampliando su presencia en la región, mientras que la expansión de las empresas de tecnología financiera y los pagos digitales ha más que duplicado el volumen de transacciones desde 2019, lo que disminuye la extorsión basada en efectivo y amplía la inclusión financiera.
Las empresas también están reconfigurando sus cadenas de suministro para fortalecer su resiliencia mediante estrategias de externalización cercana, inversiones en sistemas de identidad digital y desarrollo de proveedores locales que reduzcan su exposición a redes informales. Estas medidas no solo mitigan los riesgos operativos, sino que además posicionan a quienes se adelantan para aprovechar un entorno institucional más sólido y una reducción de las primas de riesgo.
Por otro lado, se estima que el sector de ciberseguridad en América Latina crecerá cerca de un 14% anual hasta 2030, a medida que las principales empresas globales del sector amplían su presencia en la región.
La región está entrando en una etapa en la que la mejora de la estabilidad macroeconómica, reconfiguración global de las cadenas de suministro y reducción de la criminalidad podrían converger. En 2024, los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron 188.962 millones de dólares, un aumento del 7,1% respecto de 202319, mientras que el BID estima que la externalización cercana podría sumar hasta 78 mil millones de dólares en exportaciones anuales en el corto y mediano plazo20. La inflación continúa moderándose, los déficits fiscales se reducen y las carteras de inversión digital y verde siguen ampliándose.
Si los responsables de políticas públicas convierten los avances recientes en seguridad en instituciones más sólidas y las empresas continúan incorporando gobernabilidad, tecnología y desarrollo de capital humano en sus estrategias, la región podrá dejar atrás el costo de la inseguridad y comenzar a capturar los beneficios de la reforma.
América Latina no es un actor periférico en la economía global, sino una pieza central. Figura entre los principales exportadores de alimentos, energía y minerales críticos, y cuenta con una biodiversidad única y enorme potencial de energía limpia. A medida que las cadenas de suministro se reconfiguran y las empresas buscan centros de producción seguros, eficientes en costos y alineados geopolíticamente, la región se encamina hacia un ascenso estratégico.
La historia ya no gira únicamente en torno al costo de la inseguridad, sino al valor de la estabilidad. La convergencia entre una mayor seguridad, transformación digital e impulso de la externalización cercana ofrecen a América Latina una ruta creíble para convertirse en una de las principales beneficiarias del actual reajuste económico global, no porque sus desafíos hayan desaparecido, sino porque ha comenzado a enfrentarlos con mayor determinación. En un mundo que busca resiliencia, diversificación y seguridad en el acceso a recursos, la región no ocupa los márgenes de la coyuntura global, es una de sus fronteras estratégicas.
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