El aumento de la demanda coincide con una transformación profunda de la matriz energética de la región. Históricamente, la generación eléctrica dependía de grandes hidroeléctricas y centrales térmicas, con escasa participación de la energía eólica y solar. Entre 2015 y 2022, la capacidad renovable creció 51%,7 impulsada por el respaldo político y la reducción de los costos tecnológicos. Hoy, los parques eólicos se concentran en el noreste de Brasil y la Patagonia, mientras que los paneles solares predominan en el desierto chileno de Atacama y cubren numerosos tejados en México.
A través de la iniciativa RELAC (Energías Renovables en Países de América Latina), 16 países se han comprometido a que el 80% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030.8 Alcanzar esta proporción plantea desafíos operativos y de inversión similares a los de otras regiones del mundo. Será necesario contar con fuentes de respaldo, como el gas, y sistemas de almacenamiento, así como ampliar la interconexión para equilibrar la transmisión y aplicar tecnología de redes inteligentes que gestione flujos energéticos más complejos. Mejoras significativas en transmisión y almacenamiento resultan esenciales para mantener el impulso sin comprometer la confiabilidad. En resumen, la región se encuentra al borde de un rápido aumento de la demanda y una profunda descarbonización, con potencial para convertirse en uno de los mercados eléctricos más dinámicos del planeta durante esta década, siempre que la infraestructura avance al mismo ritmo.
Brechas de infraestructura y soluciones
A pesar del avance de América Latina en la generación de energía, persisten brechas importantes en transmisión, distribución y almacenamiento. En muchos países, la capacidad de generación supera la de transmisión necesaria para entregar la energía de manera confiable a los consumidores. Esto genera un cuello de botella clásico, que provoca retrasos o restricciones significativas debido a una red eléctrica insuficientemente desarrollada.
Existen varios ejemplos de esta dinámica en América Latina. Chile ilustra claramente los desafíos del sector eléctrico: con una elevada capacidad solar y eólica, el país ha construido tantas plantas renovables que, al mediodía, a menudo genera más energía de la que su red puede absorber. Esto provoca una reducción significativa de la producción y desperdicio de electricidad limpia debido a la insuficiente infraestructura de transmisión. En 2024, se dejaron de aprovechar 5,9 teravatios-hora aproximadamente de energía renovable, un aumento del 121% respecto al año anterior.9 La limitada inversión en la red sigue siendo un desafío, no solo para integrar la futura capacidad eólica y solar, sino también para maximizar la producción de las plantas existentes.
Argentina ofrece otro caso. Durante años, grandes volúmenes de gas de esquisto permanecieron inactivos en la Patagonia debido a la ineficiencia de los ductos. La primera fase del Gasoducto Néstor Kirchner, en 2023, incrementó de manera significativa la capacidad de transporte desde Vaca Muerta y contribuyó a reducir el déficit energético del país. Como resultado, el superávit comercial energético anual alcanzó 5.600 millones de dólares en 2024, impulsado por la expansión de los ductos y las actividades de exploración y producción.10
Una de las principales causas de las deficiencias en infraestructura es la estructura de propiedad del sector eléctrico. Mientras la generación ha atraído inversiones privadas considerables, la transmisión y distribución permanecen dominadas por monopolios estatales o con limitada participación privada. Esta situación ha impedido que la infraestructura de redes se mantenga al ritmo del crecimiento del sector, aunque los productores independientes contribuyen de manera significativa en países como Brasil, Chile y Perú.
Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que la mayoría de los países latinoamericanos combinan propiedad pública y privada en la generación, mientras que transmisión y distribución siguen siendo principalmente públicas y, a menudo, monopolios. En México, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla la red, y recientes cambios políticos han reducido las oportunidades de generación privada en favor de la estatal. Incluso en mercados más abiertos, la expansión de la transmisión avanza lentamente debido a procesos de permisos prolongados, conflictos de servidumbre de paso y presupuestos limitados, lo que retrasa la construcción de nuevas líneas. Como resultado, proyectos renovables en zonas remotas pueden estar listos para producir energía, pero la red necesaria para transportarla aún no lo está, como ocurre en el sur de Brasil y el norte de Chile.