Estrategia de inversión
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La economía informal en América Latina va desde los vendedores ambulantes hasta los trabajadores por cuenta propia y las microempresas que operan fuera del sistema formal. Emplea a más de la mitad de la fuerza laboral de la región (55,7%)1 y gran parte de su actividad se realiza mediante pagos en efectivo2. El costo es alto: frena la productividad, debilita la competitividad y limita el crecimiento a largo plazo3.
La formalización, en cambio, es un motor de crecimiento comprobado4. A medida que las empresas se registran, los trabajadores adquieren una huella financiera, los flujos de efectivo se vuelven trazables y surge la demanda de crédito y servicios financieros digitales, lo que retroalimenta la productividad y el consumo5, 6. La ampliación del sector formal fortalece la capacidad fiscal de los gobiernos, mientras que reglas claras y previsibles reducen los costos empresariales. Asimismo, amplía la base de consumidores de los inversionistas y refuerza las finanzas públicas, lo cual mejora la sostenibilidad de la deuda y la resiliencia macroeconómica7.
Con la expansión de los pagos digitales y el avance de la inclusión financiera, la región cuenta ahora con una ventana de oportunidad para reducir la economía informal. Una estrategia pragmática basada en tres pilares —educación financiera, regulación más simple y acceso habilitado por la tecnología— puede incorporar dentro de la economía formal a amplios segmentos de trabajadores y empresas y contribuir así al crecimiento sin profundizar la desigualdad.
La economía informal en América Latina es diversa y está profundamente arraigada. Por ejemplo, las empresas no registradas y las transacciones en efectivo representan entre el 30% y 40% del Producto Interno Bruto (PIB)8. Abarca múltiples sectores y, aunque el sector servicios predomina, también alcanza a la agricultura y la construcción, ámbitos donde los costos de cumplir la regulación son elevados y la fiscalización irregular9. Las mujeres representan alrededor del 60% de la fuerza laboral informal, fruto de numerosas barreras estructurales y culturales en torno a acceder al empleo formal.
Las empresas que operan fuera del sistema formal no pueden escalar ni acceder a financiamiento en condiciones asequibles12, mientras que los trabajadores renuncian a salarios justos, protección social e historiales crediticios13. Las economías con altos niveles de informalidad generan apenas un tercio del PIB per cápita de sus pares más formalizados14. En este contexto, elevar la participación laboral femenina a niveles comparables con, por ejemplo, los de los países nórdicos, podría traducirse en importantes ganancias económicas en toda América Latina. Solo en México añadiría hasta 208.800 millones de dólares a la economía, según el Milken Institute15.
Cuando una proporción considerable del trabajo y del capital queda fuera del alcance de las políticas públicas, las señales monetarias pierden eficacia y la recaudación fiscal se erosiona. El resultado es una economía dual: una moderna, conectada y atractiva para la inversión; otra invisible y con acceso limitado al sistema financiero. Para los inversionistas, esta división complica la evaluación de riesgos, pero también revela un vasto mercado de potencial aún sin explotar.
Las estrategias de formalización más eficaces se basan en procedimientos simples, costos de cumplimiento reducidos y beneficios claros de incorporarse a la economía formal que superan a los de permanecer al margen. Cerrar esa brecha requiere un mejor acceso e incentivos más sólidos.
La burocracia debe reducirse. Una empresa recién formalizada puede tener dificultades para sobrevivir si las regulaciones resultan excesivamente gravosas. Simplificar los procesos de registro y cumplimiento tributario reduce las barreras para que los microemprendedores se incorporen a la formalidad sin sacrificar flexibilidad16. También resultan atractivas la mejora de los servicios públicos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas y el acceso a infraestructura comercial y profesional.
Por ejemplo, en Brasil, el régimen de Microemprendedor Individual (MEI) ha registrado a más de 15 millones de pequeños emprendedores desde 2008, gracias a un proceso de inscripción en línea sencillo y a una contribución mensual fija. El programa brinda acceso a servicios de salud y pensiones, crédito de bajo costo, facturación digital y elegibilidad para licitaciones públicas, lo que facilita que pequeños comerciantes transiten hacia la economía formal. Por otro lado, en Costa Rica, un portal digital de ventanilla única empresarial centraliza los trámites y acelera la constitución de empresas, lo que reduce las fricciones que suelen mantenerlas fuera de los registros formales17.
Si bien la simplificación normativa es en gran medida responsabilidad del Estado, el sector privado puede influir en el proceso mediante el financiamiento de intermediarios y herramientas que reducen costos y aceleran la formalización. De hecho, estos modelos ya comienzan a ganar terreno. En Colombia, los entornos regulatorios controlados y, en Chile, las políticas favorables a la tecnología financiera impulsan la innovación en el sector y alivian las cargas para las empresas18. La participación en estos ecosistemas abre acceso a nuevos segmentos de clientes, a medida que más empresas se incorporan al sistema formal.
Incentivos pequeños y creativos también pueden fomentar la formalidad. Países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Paraguay están implementando programas que premian mediante sorteos a los consumidores por solicitar facturas. Por ejemplo, en Santa Fe, Argentina, una lotería vinculada al impuesto inmobiliario incrementó en un 7% la probabilidad de que los ganadores pagaran sus impuestos a tiempo durante tres años y elevó el nivel de cumplimiento en 7,5% entre los vecinos19.
Ampliar el acceso a la educación y formación en emprendimiento puede impulsar la transición hacia la formalidad, especialmente cuando las iniciativas públicas se complementan con inversión privada. Las alianzas que financian programas de capacitación laboral y desarrollo empresarial no solo fortalecen el capital humano, sino que también generan trayectorias formales para la creación y expansión de empresas. Los países que fortalecen este tipo de iniciativas registran reducciones medibles de la informalidad, cercanas a 0,2 puntos porcentuales del PIB en un plazo de cinco años, gracias a los significativos avances en formación y escolaridad20.
La tecnología impulsa la transición de América Latina de la informalidad hacia modelos escalables, al ampliar la inclusión financiera y llevar servicios a comunidades históricamente desatendidas. La infraestructura de pagos en tiempo real está transformando el sistema financiero regional y reemplaza transacciones dominadas por el efectivo con alternativas transparentes y de bajo costo21.
Infraestructuras como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en México, Transferencias 3.0 en Argentina y la red Bre-B en Colombia están consolidando los pagos digitales instantáneos e interoperables como estándar regional. Por ejemplo, en Brasil, la plataforma Pix redujo la participación del efectivo en las transacciones de alrededor del 42% en 2020 al 22% en 2023, y hoy ya supera a las tarjetas en volumen22. Para prestamistas y procesadores, este giro digital genera datos valiosos que fortalecen la evaluación crediticia y estimulan la innovación en productos.
El mercado de tecnología financiera en América Latina crece con rapidez, con más de tres mil empresas emergentes en 2023 (un aumento acumulado del 336% desde 2017), lo que impulsa la innovación en pagos y crédito conforme se expanden las alianzas entre bancos y compañías del sector23. Con una interoperabilidad cada vez mayor, estas entidades pueden construir capas de valor sobre las infraestructuras nacionales de pagos en tiempo real, desde soluciones para comercios y nóminas hasta crédito al consumo y microseguros.
El potencial sigue siendo amplio. Según el Índice de Madurez Digital Organizacional, ocho de cada diez micro, pequeñas y medianas empresas de la región presentan un grado básico de digitalización y solo una de cada diez alcanza una etapa transformadora, lo que deja un amplio margen para acelerar la inclusión digital y financiera24. En este contexto, los líderes empresariales harían bien en situar la inminente transformación del sector financiero entre sus prioridades y en buscar soluciones de mercado que simplifiquen pagos y cobranzas, reduzcan costos y mejoren el rendimiento del capital de trabajo.
El meteórico ascenso de Rappi en Colombia muestra cómo las infraestructuras de pagos instantáneos permiten escalar las finanzas integradas, al reducir los costos de transacción y ampliar el alcance hacia la población no bancarizada. Lo que comenzó como una plataforma de entregas ha evolucionado hasta convertirse en una súper aplicación valorada en 5.250 millones de dólares, con más de tres millones de usuarios y una cuota de mercado del 50%25. Desde que obtuvieron la autorización regulatoria como entidades financieras en 2022, RappiPay y RappiBank han emitido más de 215 mil tarjetas de crédito e incorporado 300 mil clientes de cuentas de ahorro, con una tasa de interés del 14%, entre las más altas del país26.
Al ampliar el acceso al crédito y reducir los costos financieros, la brecha entre la informalidad y la inclusión comienza a estrecharse. Con los teléfonos inteligentes avanzando más rápido que la banca tradicional, las identidades digitales y las billeteras interoperables abren vías de bajo costo hacia la economía formal. En una región donde la tenencia de cuentas ha crecido con fuerza y los pagos en tiempo real se han generalizado, la siguiente fuente de valor reside en construir la infraestructura (financiera y normativa) que permita transformar la actividad informal en crecimiento formal.
Formalizar la vasta economía en la sombra de América Latina constituye una oportunidad de crecimiento más que una carga burocrática. A medida que se afianzan plataformas de registro empresarial más simples y avanza la innovación en tecnología financiera, la brecha entre informalidad e inclusión comienza a estrecharse. La escala ofrece un potencial claro: cada transacción en efectivo que se digitaliza y trabajador no bancarizado que se incorpora amplían el mercado y refuerzan la resiliencia fiscal y financiera.
Con una infraestructura de pagos cada vez más abierta y competitiva, las empresas que adoptan herramientas digitales acceden a nuevos clientes, datos de mayor calidad y financiamiento a menor costo. En cambio, quienes se aferran a un pasado informal y analógico quedan relegados a competir con márgenes cada vez más estrechos. Los inversionistas que acompañan esta transición —desde pagos móviles hasta plataformas de crédito para pequeñas y medianas empresas— pueden beneficiarse de una región que avanza de la volatilidad hacia la visibilidad.
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