La ciberseguridad, que antes era una preocupación menor del sector TI, define hoy un desafío que moldea la era digital moderna.
En sectores como las finanzas, la salud y el gobierno, proteger los datos se ha vuelto una prioridad absoluta. A medida que la infraestructura comercial depende cada vez más de los sistemas en la nube, los ciberataques han proliferado, aumentando en complejidad y frecuencia. Un informe del FMI señala que los incidentes maliciosos casi se han duplicado desde antes de la pandemia, mientras que la encuesta Global Cybersecurity Outlook del WEF encontró que el 77% de las organizaciones han experimentado un aumento en los fraudes cibernéticos durante el último año.
América Latina destaca como una región donde este riesgo es especialmente agudo. La encuesta del WEF revela que el 42% de las empresas regionales desconfía de la preparación de su país en materia cibernética, una cifra considerablemente mayor que la de sus contrapartes en África (36%) o las empresas de Europa y América del Norte (15%). Esta divergencia resulta crítica, ya que las regiones con menor inversión enfrentan riesgos económicos y sistémicos desproporcionados. Para América Latina, esta brecha pronunciada significa una mayor vulnerabilidad ante los ciberataques. Como es lógico, existe una necesidad urgente de fortalecer la resiliencia general a medida que la digitalización se acelera.
Las amenazas crecen a medida que las empresas y los gobiernos migran sus servicios a la red y utilizan nuevas tecnologías, como la computación en la nube y la inteligencia artificial, para optimizar sus operaciones. Esta transición digital facilita que los hackers exploten vulnerabilidades y encuentren puntos de entrada.
Al mismo tiempo, las tensiones globales llevan a los países a adoptar la guerra cibernética como parte de estrategias geopolíticas más amplias. Los delincuentes también emplean herramientas más inteligentes e intuitivas para lanzar estafas y ataques más convincentes. Todos estos cambios han dificultado que las organizaciones mantengan sus sistemas seguros.
Con una regulación de datos significativamente más débil que la de los mercados desarrollados, América Latina enfrenta una mayor exposición a las ciberamenazas. Aunque la cobertura de los medios globales suele centrarse en incidentes en EE. UU. y Europa, América Latina se ha convertido silenciosamente en una de las regiones más atacadas del mundo.
Dado que la adopción digital se acelera más rápido que la capacidad de seguridad institucional, el Banco Mundial identifica a América Latina y el Caribe como la región con el crecimiento más rápido de incidentes cibernéticos reportados. Los ataques han aumentado aproximadamente un 25% durante la última década.
Un estudio reciente de Cybersecurity Economics for Emerging Markets destaca algunas razones de este incremento, señalando la disparidad entre la inversión en ciberseguridad de los países en desarrollo y los desarrollados. En India y México, por ejemplo, el gasto per cápita es de solo $1 USD, en comparación con los $30 USD de Estados Unidos y Canadá. Además, Estados Unidos invierte 16 veces más en ciberseguridad que toda la región de América Latina y el Caribe en su conjunto, lo que subraya la necesidad urgente de aumentar el gasto.
Según el BID, aunque la mayoría de los países de América Latina cuentan hoy con estrategias nacionales de ciberseguridad, solo 13 poseen la capacidad institucional, los recursos o los mecanismos de coordinación para implementar dichas estrategias de manera efectiva. Además, solo nueve países están equipados para proteger infraestructuras críticas, como sistemas de energía, puertos, hospitales y administraciones tributarias. Esta brecha entre la intención política y la ejecución representa un punto ciego estructural evidente para la región. Solo Brasil registra tantos incidentes de extorsión y ransomware como los siguientes cinco mercados latinoamericanos más grandes combinados (México, Argentina, Perú, Colombia y Chile), lo que refleja la magnitud del problema y la vulnerabilidad subyacente.
El BID señala que los ciberataques en la región ya han afectado a administraciones tributarias, puertos y hospitales, lo que enfatiza que el riesgo cibernético ha evolucionado de ser un problema individual y corporativo a convertirse en una preocupación de seguridad pública y soberanía.
Incidentes recientes de gran impacto han expuesto la fragilidad de los sistemas críticos de América Latina. El ataque de ransomware a Pemex en México en 2019 interrumpió las operaciones1; la filtración de datos en Ecuador en 2019 comprometió la información personal de más de 20 millones de ciudadanos2; el Banco de Chile sufrió asaltos en 2018 y 2020 que resultaron en pérdidas financieras y brechas de datos3; y el ataque de ransomware a Telecom Argentina en 2020 paralizó la atención al cliente durante un largo periodo4.
En 2022, el grupo de hackers rusos Conti 2 atacó al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, secuestrando información sensible de los ciudadanos y paralizando la capacidad del gobierno para brindar servicios esenciales. En respuesta, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en declarar el estado de emergencia ante un ciberataque5.
En otro caso reciente, el grupo de ransomware KillSec atacó al proveedor de software de salud de Brasil, MedicSolution, en septiembre de 20256, exponiendo datos sensibles de pacientes en hospitales y clínicas. Casi al mismo tiempo, las autoridades brasileñas descubrieron una brecha en el sistema de pagos instantáneos PIX, donde empleados internos y hackers robaron aproximadamente $100 millones de dólares. Esto impulsó al Banco Central de Brasil a anunciar medidas inmediatas para mejorar la seguridad del sistema financiero.
Estos incidentes subrayan un tema recurrente: las vulnerabilidades de los sectores público y privado están profundamente entrelazadas, lo que crea ciclos de retroalimentación que magnifican el riesgo sistémico.
La expansión digital de América Latina es evidente y se mantiene como una de sus principales tendencias económicas. El uso de internet aumentó del 49% en 2014 al 82% en 2024. El mercado del comercio electrónico también se desarrolla rápidamente, creciendo 1,5 veces más rápido que el promedio mundial7. Además, el ecosistema del Internet de las Cosas (IoT) gana terreno; el mercado generó más de $4.000 millones de dólares en ingresos en 2024 y proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15% hasta 2030.
A medida que los dispositivos conectados se multiplican en aplicaciones industriales, de consumo y logística, la desventaja de esta mayor penetración es la falta de preparación. El ransomware representa hoy casi la mitad de todos los ciberataques exitosos en América Latina, siendo las instituciones gubernamentales y las empresas financieras algunos de los objetivos más frecuentes.
La urgencia de la región por adoptar tecnologías de nube e inteligencia artificial será insostenible sin una inversión en ciberseguridad proporcional. Países como Brasil y Chile respaldan varios proyectos de nube y centros de datos, con un mercado interno que proyecta duplicarse para 2029, alcanzando entre $8 y $9 millones de dólares8. A pesar de estos avances, la seguridad de las redes y la supervisión regulatoria siguen años por detrás de los estándares de los mercados desarrollados.
Cuando el riesgo estructural persiste, la inversión llega inevitablemente, especialmente porque la ciberseguridad se reconoce cada vez más como una infraestructura crítica en lugar de un gasto discrecional de TI. En los mercados desarrollados, las recientes tensiones geopolíticas y las repetidas interrupciones en todos los sistemas implican que la ciberseguridad sea ahora un requisito operativo básico. En Estados Unidos, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) coordina los informes intersectoriales, mientras que la UE ha endurecido las regulaciones mediante NIS2 y DORA, imponiendo requisitos más estrictos a los sectores esenciales y financieros.
Aunque los gobiernos y las corporaciones establecen estándares de reporte y requisitos regulatorios, estos no implementan directamente la infraestructura segura. En su lugar, dependen de firmas privadas especializadas para la protección de la nube, el monitoreo de terminales y la respuesta ante incidentes. Sin embargo, esta privatización introduce nuevos problemas.
Incluso los principales proveedores de seguridad no son inmunes a los errores y suelen convertirse en objetivos de grandes ataques. Por ejemplo, una actualización defectuosa de CrowdStrike en julio de 2024 provocó una de las mayores caídas de TI de la historia, mientras que la brecha de Microsoft–Midnight Blizzard en 2023 expuso datos gubernamentales sensibles. Otros incidentes, como los problemas con los sistemas de tokens y la gestión de identidades en Palo Alto Networks, Zscaler y Okta, resaltan los riesgos sistémicos asociados a la dependencia excesiva de un pequeño grupo de proveedores. A pesar de estas amenazas, la inversión en ciberseguridad continúa escalando. Gartner proyectó recientemente que el gasto global superará los $213.000 millones de dólares en 20259, impulsado por la demanda de arquitecturas de confianza cero y herramientas de detección basadas en IA.
En este contexto, los gobiernos y empresas locales se están modernizando —ampliando la cobertura de banda ancha, construyendo centros de datos y experimentando con sistemas impulsados por IA—, pero la inversión y la gobernanza en ciberseguridad se han quedado atrás, lo que ha generado un ciclo de nivelación de varios años. La coordinación regional está mejorando gracias a la Red CSIRT de las Américas, que actualmente conecta a 52 equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática en 22 países, facilitando el intercambio de información y la respuesta ante incidentes. Es probable que esta base institucional respalde flujos constantes de capital.
Los proveedores globales están respondiendo a estas dinámicas de mercado, y el sector de la ciberseguridad en América Latina vive un auge en la concreción de acuerdos. CrowdStrike expandió recientemente su presencia regional mediante alianzas en México y Brasil, llevando su plataforma Falcon basada en IA a una base empresarial más amplia. Por otro lado, Experian adquirió la empresa brasileña de protección contra el fraude ClearSale por $350 millones de dólares10, lo que refleja el interés global en los mercados de seguridad y protección de identidad de la región.
Zscaler ha expandido activamente su infraestructura Zero Trust Exchange en toda América Latina, estableciendo centros de datos en las principales ciudades para reducir la latencia y cumplir con las leyes de protección de datos emergentes. A finales de 2025, la española Hiberus acordó adquirir las operaciones de Telefónica Tech en Colombia, México y Chile para fortalecer las capacidades de ciberseguridad y nube en la región.
El capital de riesgo también está fluyendo. La startup uruguaya de pruebas de seguridad Strike recaudó una Serie A de $13,5 millones de dólares en 202511 para expandir su plataforma de pentesting a Brasil y EE. UU., mientras que la SaaS argentina de concientización sobre phishing Whalemate aseguró una ronda semilla de $1 millón de dólares12 a mediados de 2025 para escalar su plataforma. Los compromisos del sector privado reflejan una ola regional de gasto: se proyecta que el mercado de ciberseguridad en América Latina crezca a una tasa anual compuesta del 12,4% entre 2026 y 203313.
En paralelo, los gobiernos están priorizando la ciberseguridad mediante el desarrollo de políticas nacionales, marcos regulatorios y centros de respuesta a amenazas para hacer frente a un panorama de riesgos en constante cambio. Argentina estableció recientemente el Centro Nacional de Ciberseguridad para supervisar la protección de infraestructuras críticas, mientras que la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile identificó a más de 900 organizaciones como operadores de importancia vital, reforzando el enfoque del país en la salvaguarda de servicios esenciales. La Agencia de Transformación Digital de México lanzó un plan nacional de ciberseguridad integral, que incluye nuevos centros operativos y directrices obligatorias para los servidores públicos. En Venezuela, se ha propuesto un proyecto de ley de ciberseguridad destinado a defenderse de amenazas externas. Estas iniciativas, junto con la proliferación de más de 50 centros operativos de respuesta a incidentes en la región, reflejan un compromiso creciente del sector público con la madurez y la resiliencia en ciberseguridad.
La ciberseguridad ha pasado de ser un gasto táctico a un tema de inversión estructural, estrechamente vinculado a la expansión digital, los cambios geopolíticos y la evolución de los marcos regulatorios. El desafío central ya no es la inevitabilidad de la digitalización, sino si las instituciones pueden escalar sus capacidades lo suficientemente rápido como para proteger la infraestructura crítica y sostener la inversión. A medida que se aceleran la computación en la nube, los pagos digitales, la digitalización de la salud y la adopción de IA, el gasto en ciberseguridad aumentará, independientemente de las condiciones económicas generales.
Para los inversores, las preguntas clave no giran en torno a si los presupuestos de ciberseguridad crecerán, sino a quién capturará este crecimiento, cómo se diversificarán los ecosistemas de proveedores y cómo los mercados emergentes como América Latina cerrarán su brecha de resiliencia. En este contexto, la ciberseguridad es más que una medida defensiva; es un motor de crecimiento a largo plazo integrado en el futuro digital de la región.
Podemos ayudarle a navegar un panorama financiero complejo. Hablemos.
ContáctenosEstrategia de inversión
CONOZCA MÁS Acerca de nuestra firma y los profesionales de la inversión a través de FINRA BrokerCheck
Para conocer más sobre el negocio de inversiones de J.P. Morgan, incluyendo nuestras cuentas, productos y servicios, así como nuestra relación con usted, por favor revise nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y la Guía de Servicios de Inversión y Productos de Corretaje.
JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus afiliadas (colectivamente “JPMCB”) ofrecen productos de inversión que pueden incluir cuentas de inversión administradas por bancos y custodia como parte de sus servicios fiduciarios. Otros productos y servicios de inversión como cuentas de corretaje y asesoramiento se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de FINRA y SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Productos no disponibles en todos los estados. Por favor, lea la Exención de responsabilidad legal junto con estas páginas.
Por favor, lea el aviso legal para las filiales regionales de J.P. Morgan Private Bank y otra información importante en conjunto con estas páginas.
