En nuestro análisis “El superciclo electoral de 2026 en América Latina: ¿pragmatismo o más fragmentación?” argumentábamos que la región se encaminaba hacia un giro político hacia la derecha. Con los resultados ya definidos en Perú y Colombia, la atención ahora se centra en si los nuevos gobiernos serán capaces de cumplir las expectativas que generaron. ¿Será esta vez, por fin, diferente? A continuación, compartimos un adelanto de nuestro próximo informe, que estará disponible el 26 de agosto.
En junio, Perú y Colombia celebraron elecciones y, en ambos casos, ganaron gobiernos de centroderecha. Brasil celebrará las suyas en octubre. Desde comienzos de 2025, las siete contiendas presidenciales celebradas en América Latina han consolidado esta tendencia política. Muchos de los candidatos ganadores hicieron campaña inspirados en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, como respuesta a la creciente preocupación de los votantes por la inseguridad y la delincuencia, una postura alineada con el enfoque de mano dura de la administración de Donald Trump. Al mismo tiempo, Washington ha configurado el escenario geopolítico al respaldar un cambio de régimen en Venezuela y reactivar la Doctrina Monroe, dos factores que han marcado el ciclo electoral en toda la región.
En este artículo analizamos el contexto estadounidense que ha marcado el proceso electoral en la región, los desafíos que enfrentan los nuevos gobiernos para convertir sus victorias electorales en una gobernabilidad efectiva, los resultados en cada país y los principales riesgos y oportunidades que se abren de cara al futuro.
El escenario se ha definido en Washington, no en Lima ni en Bogotá. La reactivación de la Doctrina Monroe ha vuelto a situar la política estadounidense hacia la región en torno a tres ejes: el narcotráfico, la migración y la influencia de China, con Venezuela como principal foco de atención. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina bajo supervisión de Estados Unidos, se levantaron las sanciones y ya está en marcha un plan de aproximadamente 100 mil millones de dólares para reactivar el sector petrolero.
Esta reafirmación de la influencia estadounidense ha coincidido con un giro político en América Latina, donde líderes de centroderecha han llegado al poder de forma consecutiva: Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile, Álvaro Fernández en Costa Rica y, finalmente, las nuevas administraciones surgidas de las elecciones de Perú y Colombia en junio de 2026. Brasil es el único país que queda por celebrar elecciones este año.
Lo que distingue a esta ola no es solo el momento en que se ha producido, sino también su contenido. Los temas sobre los que la nueva centroderecha ha articulado sus campañas (y la forma en que hoy gobierna) muestran una notable consistencia. La seguridad ha sido el tema dominante a lo largo de todo el ciclo electoral. En todos los países que acudieron a las urnas, la delincuencia y la violencia encabezaron las preocupaciones de los votantes, y las propuestas de los candidatos vencedores convergieron en una misma fórmula: primero el orden, después los mercados y una relación más estrecha con Washington.
La pregunta ya no es si la centroderecha seguirá ganando elecciones, sino si esta vez será diferente. Hasta ahora, la respuesta no es sencilla, ya que depende del mandato de las urnas. En todas las elecciones realmente competitivas de este ciclo, los márgenes de victoria fueron muy estrechos, y ello condiciona la capacidad de acción de quienes llegan al poder.
Chile es el ejemplo más claro. El presidente José Antonio Kast inició su mandato con 46% de respaldo ciudadano, pero la eliminación de los subsidios a los combustibles provocó un aumento de más del 30% en los precios de la energía y le hizo perder más de 15 puntos de aprobación en cuestión de semanas. Como consecuencia, su principal proyecto de ley enfrenta un Senado en el que el oficialismo dispone de una ajustada mayoría de 26 escaños frente a 24. Argentina ha seguido un patrón similar: el apoyo al presidente Javier Milei ha caído debido a la inflación y a los escándalos de corrupción. La misma dinámica se observa en las dos elecciones que cerraron el ciclo.
Keiko Fujimori, de centroderecha, ganó las elecciones del 7 de junio por un estrecho margen de 0,22 puntos porcentuales. Asumirá la presidencia el 28 de julio.
Fujimori puso fin a cinco años de gobiernos de centroizquierda con una plataforma centrada en la seguridad, la liberalización económica y la estabilidad institucional, en claro contraste con la propuesta de su rival, que defendía un aumento de los impuestos, la nacionalización de los recursos naturales y una nueva Constitución. Sin embargo, el cambio más trascendental es de carácter estructural: por primera vez desde 1990, Perú volverá a tener un Congreso bicameral, integrado por un nuevo Senado de 60 escaños y la actual Cámara de Diputados, con 130 miembros.
Este cambio es importante porque, desde 2016, seis de los nueve presidentes del país fueron destituidos por “incapacidad moral”, mecanismo cuya definición ambigua permitía a una sola cámara del Congreso impulsar su destitución. El hecho de que ahora este proceso requiera la aprobación de ambas cámaras elimina gran parte del descuento que los mercados han venido aplicando al riesgo político crónico del país. La coalición de Fujimori contará con 30 de los 60 escaños del Senado y 56 de los 130 de la Cámara de Diputados, lo que le proporciona un margen de gobernabilidad con el que no ha contado ningún presidente peruano en la historia reciente.
El contexto macroeconómico refuerza aún más este escenario. Los términos de intercambio se encuentran en su nivel más alto desde 1950; el superávit comercial alcanzó los 34.600 millones de dólares en 2025, equivalentes al 10,1% del Producto Interno Bruto (PIB), y registró un récord de 12.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, la producción de cobre apenas creció alrededor de 3%. El problema no son los precios, sino los retrasos en la concesión de permisos y los conflictos sociales.
La primera gran prueba será “Canon para el Pueblo”, propuesta para destinar directamente a los hogares de las zonas mineras el 40% del canon. Si logra la aprobación del Congreso, podría proporcionar la licencia social para operar que durante años ha frenado proyectos como Tía María y Las Bambas, dos de los principales yacimientos de cobre del país, bloqueados precisamente por la oposición de las comunidades locales.
El candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella ganó las elecciones del 21 de junio por un estrecho margen de un punto porcentual. Asumirá la presidencia el 7 de agosto.
De la Espriella puso fin a cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, con una plataforma basada en reformas favorables al mercado, el impulso de la inversión privada y una postura más firme frente a los grupos armados. Haber ganado por apenas un punto porcentual significa que casi la mitad del país votó por la continuidad, un factor que condicionará todo lo que el nuevo gobierno podrá hacer.
Para evaluar el alcance de su agenda, la presentamos a través del marco T.I.G.R.E., siglas en inglés de Comercio (Trade), Inversión (Investment), Crecimiento (Growth), Consolidación fiscal (Retrenchment) y Seguridad (Enforcement). Este acrónimo, además, coincide con el apodo del presidente.
La distinción clave entre estos cinco ejes es que Comercio, Seguridad y buena parte de la agenda de Inversión pueden impulsarse desde el Poder Ejecutivo y ponerse en marcha en cuestión de semanas, mientras que Consolidación fiscal y gran parte de la agenda de Crecimiento requieren el apoyo del Congreso, algo que el estrecho margen de un punto porcentual hace más difícil de conseguir.
La energía representa la oportunidad más clara a corto plazo. La producción ha caído alrededor de 26% desde el máximo alcanzado entre 2013 y 2014. Colombia perdió la autosuficiencia en gas a finales de 2024 y entre 2023 y marzo de 2025 no adjudicó ningún nuevo contrato de exploración. La revalorización del sector se reflejará primero en las primas de riesgo, mucho antes de que aumente la producción. La alineación de De la Espriella con Washington añade una segunda dimensión: el país aporta capacidad de refinación y experiencia operativa que complementan las reservas de Venezuela, combinación que hasta ahora había permanecido bloqueada por las sanciones y factores políticos. Las primeras señales ya son concretas: Ecopetrol ha solicitado autorización a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poder operar; el gasoducto Antonio Ricaurte se prepara para reanudar operaciones; ya se completó el primer envío de gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela hacia Colombia en marzo de 2026; y grandes compañías como BP, Shell, Eni y Repsol han firmado nuevos acuerdos al amparo de la nueva ley venezolana de hidrocarburos.
Tres señales permitirán evaluar la gobernabilidad en los primeros meses de gobierno. La primera será el nombramiento del ministro de Hacienda antes del 7 de agosto: una designación con credibilidad ante los mercados y respaldo transversal sería una señal de construcción de coaliciones, mientras que el nombramiento de un colaborador cercano sugeriría que la administración optará por gobernar principalmente desde el Poder Ejecutivo y dejar la agenda legislativa para una etapa posterior.
En materia de Seguridad, habrá que observar si las primeras medidas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantienen un enfoque moderado o si escalan hasta relegar la agenda económica a un segundo plano antes de que esta logre ganar impulso. En septiembre, la atención se centrará en el presupuesto: el respaldo de la oposición constituiría la primera prueba real de gobernabilidad, mientras que un bloqueo legislativo confirmaría que la debilidad del mandato electoral es mayor de lo que sugería la ajustada victoria por un punto porcentual.
Brasil es la gran incógnita de la región y llega a la primera vuelta del 4 de octubre con un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de centroderecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Todo apunta a una segunda vuelta el 25 de octubre. Ambos registran elevados niveles de rechazo, por lo que el resultado dependerá de un reducido grupo de votantes aún indecisos.
Lula afronta la contienda con tres factores en contra: una gestión poco convincente en materia de seguridad, la principal preocupación de los votantes; el escándalo bancario relacionado con Banco Master, que ha vuelto a poner bajo escrutinio al Partido de los Trabajadores; y un déficit fiscal cercano al 8,5% del PIB, mientras que la legislación electoral le impide aprobar nuevos estímulos fiscales.
Por su parte, Flávio Bolsonaro tiene una oportunidad real, aunque también arrastra sus propios problemas legales. El juicio contra su padre por un presunto complot para cometer un asesinato moviliza a su base electoral, pero aleja a los votantes independientes. Al mismo tiempo, el caso conocido como “Rachadinha”, esquema mediante el cual presuntamente miembros de su equipo devolvían parte de sus salarios al político, ofrece al entorno de Lula un contraargumento en materia de corrupción.
Sea cual sea el resultado, el mandato del gobernador del Banco Central, Gabriel Galípolo, se extiende hasta diciembre de 2028, lo que preserva la independencia de la política monetaria. Además, Brasil sigue siendo una de las economías emergentes con mayor margen para reducir las tasas de interés. Los mercados descuentan recortes de aproximadamente 100 puntos básicos, aunque existen argumentos sólidos para pensar que podrían duplicar esa cifra.
México no volverá a celebrar elecciones presidenciales hasta 2030. Sin embargo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del 1 de julio ha abierto una nueva etapa para el comercio en América del Norte. Washington decidió no prorrogarlo, lo que ha activado un período de 10 años durante el cual seguirá vigente, pero estará sujeto a revisiones anuales. De este modo, lo que antes era una negociación puntual pasa a convertirse en un foco recurrente de presión.
La cuestión de fondo es si el auge de las exportaciones mexicanas, que en 2025 alcanzaron aproximadamente 149 mil millones de dólares en productos de tecnología avanzada con destino a Estados Unidos, responde a un verdadero fortalecimiento de la manufactura norteamericana o si, por el contrario, obedece al desvío de productos de origen chino a través de México para eludir los aranceles aplicados a las importaciones directas desde China. Esa será la prueba a la que se enfrentará el país cada año. Además, la capacidad de presión de Washington va mucho más allá: la migración, la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico también formarán parte de esa revisión anual.
En conjunto, 2026 ha confirmado el rumbo político de la región, pero deja abierta la incógnita sobre la solidez de ese cambio. Es precisamente en esa brecha donde hoy se concentran tanto las oportunidades como los riesgos. A partir de ahora, la variable decisiva ya no será el resultado electoral, sino la capacidad de los gobiernos para convertir sus promesas en resultados.
En nuestro escenario base, las valuaciones actuales y el elevado carry ofrecen un colchón importante. Además, si, como prevemos, el dólar se debilita o se mantiene dentro de un rango acotado, las monedas de la región deberían seguir respaldadas. América Latina ya ha cambiado de rumbo en el plano político, y los próximos dos trimestres mostrarán hasta qué punto ese giro se traducirá en políticas públicas y, en última instancia, en un mayor crecimiento económico.
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