El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, rige aproximadamente 1,5 billones de dólares en comercio anual de bienes entre las tres partes —equivalente a cerca del 5% del PIB de Estados Unidos y a más del 30% de todo el comercio exterior de bienes de ese país—lo que lo convierte en el acuerdo comercial con mayor incidencia directa sobre los costos de manufactura, los precios al consumidor y la resiliencia de las cadenas de suministro estadounidenses. Su alcance abarca los sectores automotriz, aeroespacial, de defensa, agrícola y de ensamble tecnológico, haciéndolo relevante no solo para los operadores norteamericanos, sino para cualquier inversionista o empresa con exposición a la economía de Estados Unidos. Y la incertidumbre en torno a su continuidad va en aumento: el 1 de julio será la primera prueba de fuego.
Tras la renegociación del TLCAN que derivó en el T-MEC en 2020, se introdujo una cláusula de caducidad con revisiones obligatorias cada seis años, entre otros cambios significativos. El 1 de julio marca la primera de estas instancias de revisión. Si bien el plazo no implica la terminación del acuerdo, sí activa una revisión obligatoria en la que las partes pueden confirmar conjuntamente una prórroga, negociar modificaciones, o bien permitir que el acuerdo transite a revisiones anuales por el resto de su vigencia de 16 años.
Aunque asignamos una probabilidad mínima o nula a una ruptura total de cualquier forma de acuerdo comercial entre los tres países, el problema radica en que, mientras las negociaciones se estancan, las empresas postergan decisiones de inversión y la incertidumbre —tanto empresarial como económica—se acumula para los tres socios.
De cara al punto de control del 1 de julio, tres preguntas dominan las conversaciones con clientes: (1) si el marco trilateral sobrevivirá intacto o dará paso a acuerdos bilaterales; (2) cuáles son los puntos de presión con mayor probabilidad de definir el resultado de la negociación y hasta dónde están dispuestas a llegar las partes; y (3) si la revisión seguirá siendo propiamente una negociación comercial o servirá, una vez más, como palanca de presión sobre asuntos de seguridad y política más amplios..
El contexto de esta revisión ha cambiado sustancialmente desde 2020. México superó a China como el principal socio comercial de bienes de Estados Unidos, tanto en volumen total como en la principal fuente del déficit comercial de bienes, a medida que el nearshoring pasó de ser una tendencia a convertirse en una prioridad de política pública y las empresas diversificaron sus cadenas de suministro alejándolas de China. Esto ha hecho de América del Norte un elemento más central en la agenda de seguridad económica de Washington, pero también ha intensificado el escrutinio sobre si el acuerdo está genuinamente fomentando la producción dentro de la región o simplemente redirigiendo flujos comerciales bajo una etiqueta norteamericana. El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha sido explícito sobre las implicaciones: mientras el país siga registrando un elevado déficit comercial con México, los aranceles permanecerán como parte del instrumental de política.
Esta presión ha alimentado el apetito bilateral tanto en Washington como en Ottawa, donde ambos han señalado apertura a un acuerdo directo entre Estados Unidos y Canadá en lugar del marco trilateral.
Sin embargo, las cadenas de suministro norteamericanas están profundamente integradas, y el aluminio es el ejemplo más elocuente: Canadá produce aproximadamente tres millones de toneladas métricas al año en las fundidoras hidroeléctricas de Quebec —una ventaja de costos estructural que Estados Unidos no puede replicar— y actualmente abastece cerca de la mitad de las importaciones de aluminio estadounidenses. Ese metal pasa por las laminadoras de Estados Unidos, donde se transforma en paneles de carrocería,piezas estructurales y componentes de motor, antes de fluir a través de los clústeres automotrices de Monterrey, Saltillo y Guanajuato hacia las plantas de ensamble final de GM, Ford, Volkswagen, Toyota y otras en México. En términos prácticos, una pieza de aluminio canadiense puede cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos dos veces, y la frontera entre Estados Unidos y México otras dos veces, antes de llegar a un comprador de automóviles en ese último país: una primera vez como metal en bruto que viaja hacia el sur, y una segunda como vehículo terminado que regresa hacia el norte. La fundidora canadiense, la laminadora estadounidense y la planta de ensamble mexicana no son eslabones independientes de una cadena, sino un sistema de producción integr ado, y las reglas de contenido del T-MEC fueron diseñadas precisamente para sustentarlo.
El argumento económico contra la fragmentación se refuerza con uno de orden procedimental: cualquiera de las partes puede retirarse del T-MEC con seis meses de aviso, pero construir acuerdos bilaterales sustitutos requeriría nueva legislación del Congreso en Estados Unidos, la aprobación del Senado en México y acción 4 parlamentaria en Canadá —un proceso que se mide en años, no en meses—. En cualquier período de transición, el comercio entre los tres países regresaría al tratamiento arancelario de nación más favorecida (NMF), dado que el T-MEC reemplazó al TLCAN en su totalidad y no existe ningún marco previo al que las partes puedan acogerse. La exposición de Washington va más lejos: tanto Canadá como México son miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, o CPTPP por sus siglas en inglés), cuyo umbral de contenido automotriz del 45% es considerablemente inferior al 75% del T-MEC, lo que otorga a ambos países un camino expedito de regreso a las reglas de exportación más flexibles que el T-MEC buscó reemplazar. Washington también perderíala cláusula de "veneno" del acuerdo, que le otorga poder de veto sobre los tratados comerciales que México celebre con economías no de mercado como China. En conjunto, la brecha arancelaria bajo trato NMF, la asimetría con el CPTPP y la pérdida del veto sobre China implican que, en un escenario de fragmentación total, Washington tendría más que perder de lo que comúnmente se asume.
Nuestra opinión es que el apetito bilateral es genuino, pero que los argumentos en contra de materializarlo son de naturaleza estructural: con aproximadamente 14 millones de empleos en Estados Unidos vinculados al comercio intrarregional, las cadenas de suministro norteamericanas son demasiado integradas para fraccionarse; el camino procedimental hacia acuerdos sustitutos pasa por años de legislación en las tres capitales; y las pérdidas que sufriría Washington en un escenario de fragmentación —aranceles NMF, el arbitraje del CPTPP y la pérdida del veto sobre China—serían las más cuantiosas entre las tres partes. La amenaza bilateral se convierte en palanca de negociación, no en una salida creíble.
La verdadera disputa en esta revisión no es si el T-MEC continúa —lo cual es prácticamente seguro—, sino cómo quedarán redactadas sus reglas. Cuatro puntos de presión definirán dónde las partes empujarán con mayor fuerza.
a. El problema de la "puerta trasera": valor agregado y exportaciones mexicanas
Incluso administraciones anteriores a la actual en Estados Unidos han cuestionado el grado de influencia y dependencia que la economía estadounidense tiene respecto de China. En lo que concierne a América del Norte y al T-MEC, existe una preocupación legítima de que las exportaciones hacia Estados Unidos — especialmente las provenientes de México—reflejen en su mayoría insumos de origen extranjero ensamblados bajo una etiqueta T-MEC, en lugar de una genuina creación de valor en la región. Dos sectores estánen el centro de este debate: el automotriz, donde las reglas de contenido del T-MEC están más desarrolladas aunque persisten vacíos de aplicación, y los productos de tecnología avanzada (PTA), donde el rápido ascenso de México como exportador ha superado elmarco regulatorio del acuerdo.
La renegociación que transformó el TLCAN en el T-MEC introdujo un estándar significativamente más exigente en materia de Reglas de Origen, elevando el contenido regional mínimo de las exportaciones automotrices del 62,5% al 75% para acceder al tratamiento libre de aranceles. Adicionalmente, el nuevo acuerdo estableció un piso salarial, exigiendo que entre el 40% y el 45% del contenido vehicular sea producido por trabajadores con un salario mínimo de 16 dólares por hora. Aunque inicialmente disruptivo para las cadenas de suministro existentes, los fabricantes de automóviles lograron adaptarse incrementando el contenido regional y, por ende, el valor agregado.
Sin embargo, aproximadamente el 45% del valor de las exportaciones automotrices de México hacia Estados Unidos aún se origina fuera de América del Norte. México reforzó su compromiso con la región antes de la revisión mediante el endurecimiento de aranceles sobre componentes de origen chino y asiático en más de 1.400 categorías de productos, con el propósito de demostrar el peso del valor agregado doméstico y distanciarse de la narrativa de simple triangulación con China. En nuestra opinión, la revisión irá más lejos: umbrales de contenido más elevados (acercándose al 100%), auditorías a nivel de planta y requisitos más estrictos de trazabilidad en la cadena que exijan un procesamiento con valor agregado significativo en cada etapa, más allá del mero ensamble final.
Y si bien el sector automotriz es el más emblemático, los productos de tecnología avanzada (PTA) ganan terreno rápidamente. En 2025, México desplazó a China como el principal exportador de PTA hacia Estados Unidos: las exportaciones mexicanas de PTA alcanzaron 149.400 millones de dólares, frente a 120.400 millones el año anterior, mientras que las exportaciones chinas cayeron de 112.300 millones a 61.700 millones de dólares. Aunque los PTA representan el 55% del total de exportaciones de automóviles y maquinaria de México hacia Estados Unidos, están posicionados para convertirse en el próximo vector de triangulación exportadora. El valor agregado mexicano en PTA es del 55%, frente al 50% promedio en autos y maquinaria. Establecer ahora un requisito mínimo de contenido regional para los PTA podría forzar mayores inversiones en capacidad instalada en la región, catalizando una industria de mayor valor agregado en la era de la inteligencia artificial.
b. Laboral: ¿hasta dónde llega el Mecanismo de Respuesta Rápida?
El ámbito laboral es uno de los puntos de presión más observados en la revisión de 2026, y refleja la postura de Washington de que la integración comercial debe ir acompañada de estándares laborales más sólidos en toda América del Norte. El acuerdo renovado ya aborda esto a través de dos mecanismos: el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) aplicable a instalaciones específicas, que permite a Estados Unidos y Canadá impugnar violaciones a los derechos de los trabajadores en instalaciones manufacturerasmexicanas concretas en los sectores automotriz, textil y minero; y el requisito de Contenido de Valor Laboral, que incorpora pisos salariales directamente en las reglas de origen del sector automotriz, tal como se describió anteriormente. Más de 60 casos del MRR han establecido ya un historial de aplicación creíble, y la pregunta en la revisión no es si estas disposiciones se mantienen, sino hasta dónde se amplían: habrá presión para extender el MRR más allá de los derechos de organización sindical, hacia salarios y estándares de seguridad, con mayor alcance hacia los proveedores de componentes de menor escala en los eslabones inferiores de la cadena, donde el cumplimiento es más difícil de verificar. Para Washington, la agenda laboral es tanto estratégica como social: un cumplimiento más riguroso elimina el incentivo de utilizar a México como plataforma de producción de mano de obra barata, convirtiendo al ámbito laboral en el ejemplo más claro de cómo el T-MEC ha evolucionado hacia un mecanismo que condici ona el acceso al mercado al cumplimiento de estándares de política interna.
c. Energía: la prioridad de la CFE y las disputas de inversión estancadas
La coalición gobernante en México ha hecho del control estatal del sector energético un compromiso político central, y ese compromiso se encuentra en tensión directa con el marco de protección a la inversión del T-MEC. Durante la administración del presidente López Obrador, la reforma eléctrica de 2021 reestructuró el mercado eléctrico mexicano para otorgar prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados y extranjeros, revirtiendo efectivamente la liberalización de 2013 que había abierto el sector a la competencia. Esto desencadenó reclamaciones de empresas energéticas estadounidenses y canadienses que argumentan que la política viola las obligaciones de trato nacional del T-MEC. Con el partido gobernante controlando ahora los tribunales mexicanos tras la Reforma Judicial de 2024, esas reclamaciones no tienen recurso interno y deben tramitarse ante paneles de arbitraje del T-MEC, lo que convierte la pregunta central de la revisión en hasta qué punto Estados Uni dos y Canadá pueden presionar por límites vinculantes a la prioridad de la CFE, y si México estará dispuesto a aceptarlos. El desenlace en materia energética establecerá el precedente más significativo del T-MEC sobre cómo las preferencias de las empresas estatales interactúan con las protecciones a la inversión —una cuestión que se extiende a los datos farmacéuticos y al acceso a mercados agrícolas, y que trascenderá la revisión actual.
d. Solución de controversias: lo que la reforma judicial en México pone en Riesgo
La solución de controversias subyace a todos los demás puntos de presión: las reglas del T-MEC sobre contenido, trabajo e inversión son tan sólidas como los mecanismos que las hacen cumplir, y los cambios judiciales internos en México han puesto esos mecanismos en entredicho. La reforma judicial mexicana de 2024 agudizó considerablemente el problema: la sustitución de jueces federales designados por jueces elegidos por voto popular, seguida del barrido del partido gobernante en las elecciones judiciales de junio de 2025, ha otorgado a la coalición en el poder un control efectivo sobre los tribunales mexicanos, debilitando el respaldo jurídico interno del que dependen las protecciones a la inversión del T-MEC, como ya ilustra la disputa activa sobre el maíz transgénico. La pregunta en la revisión no es si los paneles de controversias permanecen en vigor, sino si pueden operar con independencia de la composición de los tribunales mexicanos: la presión apuntará hacia mecanismos de arbitraje independiente más robustos incorporados en el propio T-MEC, un cambio que México difícilmente aceptará dadas las implicaciones de soberanía que conlleva.Para los inversionistas que comprometen capital en los corredores industriales de México, este es el punto neurálgico: la certeza jurídica no emana únicamente del texto del tratado, sino de las instituciones domésticas que le dan efecto.
Nuestra opinión es que estas cuatro áreas —aplicación del valor agregado, alcance laboral, energía y solución de controversias—definirán la agenda negociadora en la revisión de julio y en los ciclos subsiguientes.
Desde 2020, el T-MEC se ha convertido en la principal palanca de Washington para presionar a México en asuntos que van más allá del comercio. Lo que inicialmente desencadenó la renegociación del TLCAN fue el tema migratorio. Esta vez, fue el narcotráfico. No sabemos qué vendrá después, pero sabemos que esto no terminará aquí.
En 2019, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los bienes mexicanos si México no tomaba medidas contundentes para frenar el flujo de migrantes —en su mayoría provenientes de Centroamérica y Sudamérica— que transitaban por su territorio hacia la frontera estadounidense. México desplegó aproximadamente 27.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur en cuestión de semanas. Los migrantes, a los que se les negó la entrada a Estados Unidos y que no podían regresar fácilmente a sus países de origen, quedaron varados en México —lo que significa que México asumió no solo el costo político de acatar la exigencia de Washington, sino también los costos económicos y sociales derivados de la presencia de los propios migrantes—.
El patrón ha pasado de la migración a la seguridad. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de la administración Trump, la crisis del fentanilo y la presencia de los cárteles en los corredores industriales han generado nuevos puntos de presión. Para empresas e inversionistas, esta superposición de agendas tiene implicaciones en dos niveles: la presencia de los cárteles genera fricciones directas en las cadenas de suministro, mientras que la inseguridadfísica incide en las decisiones de dónde comprometer capital. El reencuadre que hace Washington de América del Norte como zona de seguridad económica significa que la revisión es también una prueba de si México es un socio estratégico confiable. Es probable que las exigencias en materia de seguridad no aparezcan en el texto del T-MEC, pero sí moldearán lo que México esté dispuesto a ceder en la mesa de negociación, y probablemente persistirán como palanca con consecuencias reales sobre el comercio y la inversión mucho después de que la administración actual deje el poder.
Con la perspectiva de que el acuerdo comercial seguirá siendo un instrumento de negociación para asuntos no estrictamente comerciales, el panorama no es particularmente alentador para las empresas. Continuarán asumiendo el costo de la incertidumbre, en distintos grados, durante años. No obstante, las ventajas de la integración norteamericana deberían más que compensar la prima de riesgo —reflejada en tasas de retorno requeridas más altas—que las empresas deben aplicar al evaluar inversiones futuras en la región.
Lamentablemente, todo lo que podemos hacer en relación con el punto de control del 1 de julio —incluso con el futuro del T-MEC a más largo plazo—es operar bajo probabilidades y escenarios. Por tanto, nuestro escenario base sigue siendo que el acuerdo delibre comercio se mantendrá en su formato trilateral. Nuestros colegas del área de Banca de Inversión o del Centro de Geopolítica han proyectado una resolución hacia 2027, lo cual parece razonable. En cualquier caso, no será sin cambios sustanciales. La amenaza bilateral es creíble como palanca de negociación, pero no como vía de salida: las cadenas de suministro norteamericanas son demasiado integradas y los propios costos de fragmentación para Washington son demasiado elevados para que un pivote bilatera l sea viable. En materia de contenido regional, la aplicación efectiva del valor agregado en el sector automotriz y en los productos de tecnología avanzada constituye el principal campo de batalla comercial, donde umbrales de contenido más altos, auditorías a nivel de planta y reglas más estrictas buscarán limitar las exportaciones chinas por vía indirecta y fomentar genuinamente la creación de valor en la región. Sin embargo, la incertidumbre persistirá incluso más allá de un acuerdo plenamente vigente, enla medida en que Washington reencuadra América del Norte como una zona estratégica de seguridad económica. Los estándares laborales, la solución de controversias y la energía quedarán todos moldeados por ese reencuadre. Porque al final, como hemos señalad o en otras ocasiones, América Latina tiene lo que el mundo —y Estados Unidos—necesita, y México no es la excepción.
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