En nuestro análisis “El superciclo electoral de 2026 en América Latina: ¿pragmatismo o más fragmentación?” planteamos que la región se encaminaba hacia un giro hacia la derecha. Con los resultados de Perú y Colombia ya definidos, es momento de contrastar esa hipótesis con los hechos: qué dejaron los votos y qué implican para el futuro. Como siempre, la clave está en los detalles.
El escenario de las elecciones latinoamericanas de 2026 se ha definido en Washington, no en Lima ni en Bogotá. La administración Trump reactivó la Doctrina Monroe, reafirmó la primacía de Estados Unidos en el continente y vinculó su política regional con las preocupaciones internas en materia de narcotráfico, migración e influencia china. Venezuela fue el episodio central de este giro. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina bajo supervisión de Washington, se levantaron las sanciones y ya está en marcha un plan de aproximadamente 100 mil millones de dólares para reactivar el sector petrolero1.
Esta reafirmación de la influencia estadounidense coincidió con un giro político en la región, cuando una serie de gobiernos de centro-derecha llegó al poder en rápida sucesión. Javier Milei en Argentina, y Daniel Noboa en Ecuador, ganaron las elecciones de 2023, seguidos por la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, donde la estrategia de seguridad que impulsó (basada en detenciones masivas, cárceles militarizadas y una drástica reducción de los homicidios) se convirtió en el referente regional. En Chile, José Antonio Kast obtuvo una clara victoria; en Costa Rica, la conservadora Laura Fernández hizo lo propio; y Perú y Colombia completaron el giro en junio de 2026.
A lo largo del ciclo electoral de 2024–2026, la clara mayoría de las elecciones presidenciales dio como resultado gobiernos de centro-derecha, configurando el mayor realineamiento político regional en más de dos décadas. Las excepciones más destacadas fueron México, Uruguay y Venezuela, y solo quedan dos elecciones presidenciales en este ciclo: Brasil y Haití, ambas previstas para finales de 2026.
Esta nueva generación de líderes conservadores se ha alineado con la agenda de Washington: sumarse al marco de seguridad “Escudo de las Américas”, intensificar la lucha contra el narcotráfico, reducir la regulación empresarial y reactivar la inversión en el sector energético.
El giro hacia la centroderecha se ha materializado como habíamos previsto. La pregunta ya no es si seguirá ganando elecciones, sino si esta vez las cosas serán diferentes. Después de todo, no es la primera vez que la centroderecha gobierna estos países.
Los márgenes de victoria en las principales elecciones del ciclo de 2026 fueron extremadamente estrechos. Los votantes eligieron una dirección, pero no otorgaron un mandato sólido. Y esta diferencia es importante, porque condiciona lo que los ganadores podrán hacer una vez en el poder.
El patrón que se repite en estos casos es que los mandatos ajustados reducen el margen de error entre la victoria electoral y la capacidad de concretar reformas, una dinámica que ahora enfrentan Perú y Colombia con particular intensidad.
Chile es el ejemplo más claro. El presidente Kast inició su mandato con 46% de aprobación, pero su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles provocó un aumento de más del 30% en los costos internos de la energía2 y redujo su respaldo en más de 32% a julio de 20263. Su principal iniciativa legislativa, la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico, ya fue aprobada por la Cámara Baja y ahora deberá ser debatida en un Senado donde cuenta con una estrecha mayoría operativa de 26 escaños frente a 24. La rápida reorganización del gabinete —con la sustitución del ministro de Seguridad y del portavoz de prensa apenas dos meses después de asumir la presidencia— fue una respuesta directa a esa presión.
Milei ha seguido una trayectoria similar en Argentina: su nivel de apoyo ha caído hasta mínimos del ciclo, en este caso por la inflación y los escándalos de corrupción, más que por un único error de política pública.
La seguridad fue el tema central en las urnas durante todo el ciclo de 2026. La delincuencia y la violencia encabezaron las preocupaciones de los votantes en todos los países que celebraron elecciones, y las plataformas ganadoras respondieron con una notable uniformidad: primero el orden, después los mercados y una relación más estrecha con Washington, siguiendo un modelo cada vez más cercano al de El Salvador bajo Bukele.
Costa Rica fue el primer país en marcar la pauta. Laura Fernández ganó las elecciones de febrero en primera vuelta, el primer triunfo directo en esa instancia en más de una década, y obtuvo una mayoría legislativa operativa. Fue la única ganadora de todo el ciclo que lo consiguió. Perú y Colombia siguieron en junio, ambos con plataformas centradas en la seguridad, pero con ventajas tan estrechas que difícilmente podían considerarse mandatos sólidos.
Perú: un contexto macroeconómico histórico, una solución estructural y una prueba a corto plazo
La candidata de centroderecha Keiko Fujimori ganó por 0,22 puntos porcentuales el 7 de junio. Asumirá la presidencia el 28 de julio.
Fujimori, excongresista de centroderecha, puso fin a cinco años de gobiernos de izquierda: primero bajo Pedro Castillo, presidente socialista destituido por el Congreso en 2022, y posteriormente bajo su sucesora, Dina Boluarte, quien completó el resto del mandato. Fujimori ganó en Lima y entre los votantes en el exterior, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez se impuso en las zonas rurales del interior andino y en el sur.
Su cuarto intento presidencial tuvo éxito con una plataforma basada en tres ideas: seguridad, liberalización económica y ruptura con el caos institucional que había definido la política peruana durante una década. Su programa “Capitalismo Popular” combinó un mensaje firme en materia de seguridad con la promesa de reactivar la inversión privada, en marcado contraste con la agenda de Sánchez, que proponía mayores impuestos, la nacionalización de recursos y una nueva Constitución, planteamientos que inquietaron a los mercados y al sector empresarial. Tras una década de inestabilidad política, el voto reflejó tanto una preferencia por la continuidad y la capacidad de gestión como por una ideología concreta.
Sin embargo, el acontecimiento más importante del ciclo electoral de 2026 en Perú es estructural, no electoral. Por primera vez desde 1990, el país vuelve a tener un Congreso bicameral, con un nuevo Senado de 60 escaños junto a la actual Cámara de Diputados de 130 miembros. La razón es la destitución presidencial.
La principal disfunción política del país ha sido la facilidad con la que el Congreso podía destituir a un presidente en ejercicio: seis de nueve mandatarios han sido removidos desde 2016, principalmente mediante un mecanismo constitucional denominado “incapacidad moral”, un criterio poco definido que una mayoría unicameral podía invocar a discreción. El bicameralismo eleva el umbral al exigir que la destitución sea aprobada por las dos cámaras.
Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y su aliado Renovación Popular controlan 30 de los 60 escaños del Senado y 56 de los 130 de la Cámara de Diputados4. El bloque centrista Buen Gobierno será el voto decisivo, lo que brinda al nuevo gobierno un margen de gobernabilidad que ningún mandatario reciente ha tenido. El riesgo no desaparece, sino que se desplaza: de la vacancia presidencial hacia la fragmentación dentro de la coalición y conflicto social. Aun así, un presidente peruano ahora puede planificar de manera creíble más allá de la próxima crisis parlamentaria.
El contexto macroeconómico refuerza la tesis. Los términos de intercambio de Perú se sitúan en su nivel más alto desde 1950. El superávit comercial de 2025 alcanzó 34,6 mil millones de dólares, equivalentes a 10,1% del Producto Interno Bruto (PIB), y el primer trimestre de 2026 marcó un récord de 12,9 mil millones de dólares. Sin embargo, la producción de cobre apenas creció cerca de 3% en 20255. Los precios de las materias primas no son la restricción; los verdaderos obstáculos son los retrasos en los permisos y los conflictos sociales en las regiones mineras.
La fortaleza institucional refuerza el panorama: el banco central mantuvo estables las tasas durante un repunte inflacionario impulsado por los combustibles, lo que permitió anclar las expectativas y mantener abierta la ventana de inversión.
La principal señal será si la propuesta “Canon para el Pueblo” logra ser aprobada por el Congreso. Fujimori perdió por amplio margen en el sur andino, precisamente la región donde se concentra la cartera minera de Perú, valorada en 64,1 mil millones de dólares y compuesta por 66 proyectos. Su propuesta busca destinar directamente a los hogares de las zonas extractivas 40% del canon minero, es decir, de los ingresos por regalías que el gobierno recibe por la extracción. El objetivo es obtener la aceptación social que durante años ha frenado los proyectos. Su aprobación será la prueba a corto plazo de si los términos de intercambio récord pueden traducirse en producción real. Si la iniciativa se estanca, es probable que resurjan las condiciones que paralizaron Tía María y Las Bambas. Más que el resultado electoral, este factor definirá la tesis de inversión durante el próximo año.
El candidato de centroderecha Abelardo de la Espriella (alias “El Tigre”) ganó por un punto porcentual el 21 de junio. Asumirá el cargo el 7 de agosto.
Un margen tan estrecho condiciona todo lo que viene después: qué partes de la agenda pueden avanzar, con qué rapidez y qué deben observar los inversionistas para evaluar si el nuevo gobierno gana o pierde terreno.
De la Espriella, exsenador de centroderecha, puso fin a cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia en la historia moderna. Su administración congeló los nuevos contratos de exploración petrolera, amplió el gasto social e impulsó una paz negociada con los grupos armados. De la Espriella hizo campaña con una plataforma basada en reformas favorables al mercado, inversión privada y una postura más firme frente a los grupos armados. Su rival, Iván Cepeda, ofrecía continuidad con la agenda de Petro, y la ventaja de un punto refleja lo profundamente dividido que sigue el país.
Ese margen define la principal restricción del nuevo gobierno. Una victoria por un punto debilita la posición de De la Espriella ante un Congreso elegido por separado en marzo y otorga a la oposición Petro-Cepeda legitimidad para afirmar que representa a una parte importante del electorado.
Esto concentra la atención en lo que el Poder Ejecutivo puede hacer sin una mayoría legislativa, principalmente en materia de contratos energéticos y política de seguridad, mientras la agenda más ambiciosa queda a la espera de votos con los que el gobierno todavía no cuenta. La gobernabilidad, más que la orientación de las políticas, es la principal fuente de incertidumbre. Por eso importan tanto la estructura del programa y los requisitos concretos de cada uno de sus componentes.
Para evaluar lo que probablemente podrá llevar a cabo el gobierno, conviene separar las medidas que dependen del Poder Ejecutivo de aquellas que requieren el respaldo legislativo. J.P. Morgan Investment Bank organiza la agenda en torno al apodo del presidente y utiliza cada letra para representar un pilar del programa y lo que necesita para tener éxito.
La distinción clave entre estos cinco ejes es que Comercio, Seguridad y buena parte de la agenda de Inversión pueden impulsarse desde el Poder Ejecutivo y ponerse en marcha en cuestión de semanas, mientras que Consolidación fiscal y gran parte de la agenda de Crecimiento requieren el apoyo del Congreso, y es allí donde el mandato de apenas un punto genera mayores fricciones.
La oportunidad más clara a corto plazo es la energía. Si Cepeda hubiese ganado, se habría mantenido la suspensión de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Con De la Espriella se espera que se reabra el ciclo de contratación. La producción de petróleo ha caído alrededor de 26% desde el máximo de 2013–2014, las reservas apenas cubren 7,2 años de producción y, a finales de 2024, Colombia perdió por completo la autosuficiencia en gas. Actualmente importa una cuarta parte de lo que consume y es el único país de la región que no firmó nuevos contratos de exploración entre 2023 y marzo de 20256. La reapertura de la contratación y el impulso al desarrollo no convencional representan un cambio importante de política, aunque sus efectos se materializarán más adelante. Por ello, la revalorización se reflejará primero en mejores expectativas y en la compresión de las primas de riesgo, mucho antes de traducirse en un aumento de la producción.
Más allá del panorama interno, la alineación de De la Espriella con Washington abre una segunda dimensión. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, mientras Colombia aporta capacidad de refinación, una posición deficitaria en gas y experiencia operativa. Esta combinación había permanecido bloqueada por las sanciones y factores políticos. Las primeras señales de integración ya son concretas: Ecopetrol ha solicitado autorización a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para negociar con Venezuela; el gasoducto Antonio Ricaurte se prepara para reanudar operaciones; el primer envío de gas licuado de petróleo desde Venezuela hacia Colombia se realizó en marzo de 2026; y BP, Shell, Eni y Repsol han firmado nuevos acuerdos al amparo de la reformada ley venezolana de hidrocarburos. Para Colombia, la alineación política con Washington no es una ventaja adicional, sino una condición previa.
Tres señales durante los próximos 90 días mostrarán si el gobierno está ganando terreno. El nombramiento del ministro de Hacienda antes del 7 de agosto marcará la pauta: una designación con credibilidad ante los mercados y respaldo transversal sería una señal de construcción de coaliciones, mientras que el nombramiento de un colaborador cercano sugeriría que la administración optará por gobernar principalmente desde el Poder Ejecutivo y dejar la agenda legislativa para una etapa posterior. Es probable que las medidas de seguridad avancen con rapidez, pero una postura agresiva desde el inicio frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero que permanece activo en Colombia, conlleva un riesgo de escalada que podría complicar la narrativa de seguridad antes de que el programa económico logre consolidarse. La tercera señal será el debate sobre el presupuesto de 2027 en septiembre, la primera prueba real de si es posible establecer credibilidad fiscal ante un Congreso que el presidente no controla.
Brasil es la gran incógnita de la región y llega a la primera vuelta del 4 de octubre con un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de centroderecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Todo apunta a una segunda vuelta el 25 de octubre. Ambos registran elevados niveles de rechazo, por lo que el resultado dependerá de un reducido grupo de votantes aún indecisos.
Lula afronta la contienda con tres factores en contra: una gestión poco convincente en materia de seguridad, la principal preocupación de los votantes; el escándalo bancario relacionado con Banco Master, que ha vuelto a poner bajo escrutinio al Partido de los Trabajadores; y un déficit fiscal cercano al 8,5% del PIB, mientras que la legislación electoral le impide aprobar nuevos estímulos fiscales. La población evangélica de Brasil también ha aumentado de cerca de 7% a 30% en cuatro décadas7, lo que ha erosionado gradualmente su base tradicional.
Por su parte, Flávio Bolsonaro se presenta como heredero de la coalición de su padre y tiene una oportunidad real debido al débil desempeño de Lula en seguridad y al déficit fiscal. Sin embargo, también arrastra sus propios problemas legales. El juicio contra su padre por un presunto complot para asesinar a Lula y a miembros clave del máximo tribunal (caso “Punhal Verde e Amarelo”) moviliza a la base electoral, pero aleja a los independientes. Al mismo tiempo, el caso “Rachadinha”, esquema mediante el cual presuntamente miembros de su equipo devolvían parte de sus salarios al político, ofrece al entorno de Lula un contraargumento en materia de corrupción.
Como en elecciones brasileñas anteriores, los candidatos de terceros partidos podrían complicar la primera vuelta, aunque una segunda vuelta entre Lula y Flávio sigue siendo nuestro escenario base.
Dos hechos se mantendrán independientemente de quién gane: el mandato del presidente del banco central, Gabriel Galípolo, se extiende hasta diciembre de 2028, lo que protege la política monetaria. Además, Brasil sigue siendo una de las economías emergentes con mayor margen para reducir las tasas de interés. Los mercados descuentan recortes de aproximadamente 100 puntos básicos, aunque existen argumentos sólidos para pensar que podrían duplicar esa cifra.
México no volverá a celebrar elecciones presidenciales hasta 2030. Sin embargo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del 1 de julio ha abierto una nueva etapa para el comercio en América del Norte. Washington decidió no prorrogarlo, lo que ha activado un período de 10 años durante el cual seguirá vigente, pero estará sujeto a revisiones anuales. De este modo, lo que antes era una negociación puntual pasa a convertirse en un foco recurrente de presión. Como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, “no se trata de una fecha límite” y la prórroga sigue siendo posible en cualquier momento, pero la incertidumbre prolongada tiene un costo para las decisiones de inversión vinculadas a las cadenas de suministro norteamericanas.
La cuestión de fondo es si el auge de las exportaciones mexicanas —que, según se informó, llevó al país a superar a China como principal exportador de productos de tecnología avanzada hacia Estados Unidos en 2025, con aproximadamente 149 mil millones de dólares— responde a un verdadero fortalecimiento de la manufactura norteamericana o al desvío de productos para eludir los aranceles estadounidenses aplicados a bienes chinos. Las reglas de contenido incorporadas en el T-MEC están diseñadas para responder esa pregunta y la capacidad de presión vuelve a activarse cada año.
Esa capacidad de presión va mucho más allá del comercio. Es probable que la relación comercial general siga utilizándose como instrumento en asuntos no comerciales (migración, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico), lo que añade una capa persistente de incertidumbre a las decisiones de inversión en los tres países.
Los votos ya fueron contados y la prueba más difícil apenas comienza. En toda la región, 2026 ha confirmado el rumbo político de la región, pero deja abierta la incógnita sobre la solidez de ese cambio. Es precisamente en esa brecha donde hoy se concentran tanto las oportunidades como los riesgos.
A partir de ahora, la variable decisiva es la ejecución, no el resultado electoral. En Perú, el Congreso bicameral ya ha reducido el persistente descuento asociado al riesgo de destitución, y “Canon para el Pueblo” determinará si los términos de intercambio récord se traducen en producción minera. En Colombia, la revalorización del sector energético y la incipiente integración con Venezuela son las oportunidades de inversión más claras a corto plazo; el nombramiento del ministro de Hacienda, el primer presupuesto y las primeras medidas de seguridad serán las señales clave. Brasil cuenta con uno de los mayores márgenes para reducir las tasas entre los mercados emergentes, independientemente de quién gane en octubre. En México, la revisión anual del T-MEC vuelve a poner a prueba cada año la autenticidad de la manufactura norteamericana, en lugar de plantear una sola pregunta puntual.
Los riesgos son claros. Las mayorías estrechas dejan expuestas las reformas que dependen del Congreso tanto en Colombia como en Perú; una postura agresiva desde el inicio frente al ELN podría complicar la narrativa de seguridad colombiana antes de que el programa económico se consolide; y el próximo presidente de Brasil heredará un amplio déficit fiscal con un margen de maniobra limitado. La transición de Venezuela constituye al mismo tiempo una fuente de incertidumbre geopolítica y la oportunidad energética más concreta de la región a corto plazo; los mercados apenas comienzan a incorporar en los precios la forma en que se resolverá ese equilibrio.
En conjunto, las valuaciones y el elevado carry ofrecen un colchón importante. En nuestro escenario base, en el que el dólar se debilita o mantiene dentro de un rango acotado, las monedas de la región deberían seguir respaldadas. América Latina ya ha cambiado de rumbo en el plano político, y los próximos dos trimestres mostrarán hasta qué punto ese giro se traducirá en políticas públicas y, en última instancia, en un mayor crecimiento económico.
Podemos ayudarle a navegar un panorama financiero complejo. Hablemos.
ContáctenosEstrategia de inversión
CONOZCA MÁS Acerca de nuestra firma y los profesionales de la inversión a través de FINRA BrokerCheck
Para conocer más sobre el negocio de inversiones de J.P. Morgan, incluyendo nuestras cuentas, productos y servicios, así como nuestra relación con usted, por favor revise nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y la Guía de Servicios de Inversión y Productos de Corretaje.
JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus afiliadas (colectivamente “JPMCB”) ofrecen productos de inversión que pueden incluir cuentas de inversión administradas por bancos y custodia como parte de sus servicios fiduciarios. Otros productos y servicios de inversión como cuentas de corretaje y asesoramiento se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de FINRA y SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Productos no disponibles en todos los estados. Por favor, lea la Exención de responsabilidad legal junto con estas páginas.
Por favor, lea el aviso legal para las filiales regionales de J.P. Morgan Private Bank y otra información importante en conjunto con estas páginas.
