Brasil: rumbo a una segunda ronda electoral

En nuestro reciente análisis “Superciclo electoral de 2026 en América Latina”, señalamos que el péndulo político se estaba desplazando hacia la derecha. Las cinco elecciones presidenciales celebradas en la región entre 2025 y junio de 2026 (Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú y Colombia) llevaron al poder a candidatos de centroderecha con plataformas centradas en la seguridad pública, una economía orientada al mercado y un mayor acercamiento a Washington. Esta tendencia ya había comenzado con Argentina (2023) y El Salvador (2024).

Brasil, la mayor economía de América Latina, era el último país de este ciclo pendiente de celebrar elecciones presidenciales. Este domingo tuvo lugar la primera vuelta.

¿Qué pasó?

Los brasileños votaron para elegir al presidente, los 513 miembros de la Cámara de Diputados, 54 de los 81 senadores y los gobernadores de los 27 estados.

Con cerca del 97% escrutado, el aspirante de derecha Flávio Bolsonaro terminó inesperadamente por delante del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (de izquierda), con el 47,2% de los votos frente al 44,7%. El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya confirmó que ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre. Por su parte, los aliados conservadores de Bolsonaro se impusieron en las demás contiendas, lo que prepara el terreno para un marcado giro del país hacia la derecha.

Las encuestas apuntaban a que Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y senador del Partido Liberal (PL) quedaría por detrás de Lula. Sin embargo, su desempeño fue mejor de lo previsto y experimentó una jornada de importantes victorias para la derecha, que también logró avances significativos en el Senado y en contiendas clave por las gobernaciones. De cara a la segunda ronda, cabe destacar un dato: desde la redemocratización de Brasil en 1989, quien ha quedado en primer lugar en la votación inicial siempre ha ganado la presidencia (siete de siete). Este patrón juega ahora en contra del actual mandatario.

Los resultados de las demás elecciones refuerzan este giro. El PL de Bolsonaro se convirtió en la fuerza con mayor representación en ambas cámaras del Congreso y, junto con sus aliados y el centrão (bloque pragmático de centroderecha que suele respaldar a quien ocupa la presidencia), cuenta ahora con una mayoría operativa. La misma tendencia se observó a nivel estatal: de las 20 gobernaciones definidas el domingo, las fuerzas conservadoras obtuvieron alrededor de 14 y la izquierda, tres, incluida una cómoda victoria en São Paulo, el estado más grande de Brasil. En otros siete estados, la contienda se resolverá el 25 de octubre.

Ahora Bolsonaro y Lula se encaminan a la ronda definitiva dentro de tres semanas. Lula ha señalado que dará continuidad al marco fiscal vigente, la implementación de la reciente reforma tributaria, la combinación de políticas sociales y el equipo económico de su gobierno. Asimismo, conservaría las empresas estatales como instrumentos estratégicos y utilizaría el crédito público a través del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y de Caixa Econômica Federal como herramienta de desarrollo.

Flávio Bolsonaro ha planteado una orientación diferente. En materia fiscal, su objetivo declarado es reducir el tamaño del gobierno federal y contener el gasto mediante una modificación de las propias reglas, en lugar de buscar formas de eludirlas. La meta final sería un Estado más pequeño y un menor nivel de gasto, en vez de mayores ingresos. En el ámbito tributario, propone reducir la carga general, lo que implicaría ajustar la calibración de la reforma, no revertirla. Respecto de la participación estatal en la economía, plantea desinversiones caso por caso, acompañadas de normas de gobernanza más estrictas, sin recurrir a una privatización generalizada. El crédito público conservaría su relevancia, pero quedaría limitado a áreas específicas. En el plano laboral, favorece que las condiciones de trabajo se establezcan mediante la negociación y no por ley, además de menores costos laborales y una menor influencia sindical. Ninguno de los candidatos propone cambios explícitos en la autonomía del banco central.

Qué estamos observando

1. El contexto fiscal

La principal cuestión que enfrenta el próximo gobierno es si podrá encauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria más sostenible. a deuda pública bruta aumenta desde 2013 y se sitúa en torno al 83% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a aproximadamente 74% al cierre de 2022. El saldo primario continúa en déficit (-0,4%), cuando sería necesario un superávit para estabilizar la deuda, y los costos por intereses durante los 12 meses hasta junio se acercaron al 9% del PIB. El crecimiento se ha desacelerado desde más del 3% hasta alrededor del 2%.

El entorno monetario y cambiario ofrece cierto contrapeso: las tasas de interés reales son más altas que en elecciones anteriores, la volatilidad cambiaria es considerablemente menor y el banco central avanza en un ciclo de flexibilización monetaria.

Ninguno de los dos candidatos ha publicado proyecciones que cuantifiquen cómo sus propuestas de campaña reducirían el déficit primario o estabilizarían la deuda. Lo que sí han definido es la orientación de sus políticas. La plataforma de Lula mantiene el marco vigente y busca aumentar los ingresos mediante una mayor progresividad tributaria, al tiempo que conserva el crédito público a través del BNDES y de Caixa como herramienta de desarrollo. La de Flávio Bolsonaro se centra en el otro lado de la ecuación: reducir el tamaño del gobierno federal, contener el gasto y reformar las propias reglas fiscales. El crédito público quedaría limitado a áreas específicas y las desinversiones se abordarían caso por caso, en lugar de recurrir a una privatización generalizada.

2. La composición del Congreso

Independientemente del rumbo que tome la presidencia, el equilibrio de fuerzas en el nuevo Congreso determinará cuánto podrá concretarse. Más del 90% del presupuesto federal corresponde a gastos obligatorios, lo que deja poco margen para realizar ajustes mediante legislación ordinaria. Por lo general, una reforma fiscal estructural requiere modificar la Constitución, proceso que exige un umbral de aprobación mucho más alto: 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores, con dos votaciones en cada cámara. En cambio, las leyes ordinarias solo requieren mayoría simple.

El Senado también debe confirmar a los magistrados del Supremo Tribunal Federal y a las autoridades del banco central, facultad que recientemente ejerció para rechazar al candidato propuesto por el propio Lula. Seguiremos de cerca si las posibles coaliciones de cada candidato se aproximan a esos umbrales a medida que se conforme el nuevo Congreso.