Si los políticos y periodistas progresistas quieren defender una redistribu

Si los políticos y periodistas progresistas quieren defender una redistribución de la renta aumentando los tipos a un 70% a las rentas más altas, pues adelante: Just do it. Pero que no utilicen como justificación el argumento de que “en el pasado, los tipos aplicables a los ricos eran mucho más altos”: antes el 1% más rico pagaba más o menos la misma cantidad en relación con su renta que ahora.

Por otro lado, si quieren defender un impuesto sobre el patrimonio a los hogares con activos por encima de 50 millones de dólares (como ahora propone Elizabeth Warren), pues adelante: Just do it. Pero si pretenden justificar estos impuestos basándose en los trabajos de Sáez, Piketty y Zucman, que sean conscientes de sus limitaciones y de las dudas acerca de sus presunciones y metodología que han señalado el Tesoro estadounidense, la Reserva Federal, el Comité Conjunto sobre Fiscalidad y los profesores de la Universidad de Columbia.

Seguro que ya han leído artículos proponiendo aumentar el impuesto sobre la renta al 70% por encima de cierto umbral. Los políticos y los periodistas progresistas tienen todo el derecho a defender estos impuestos como forma de redistribuir la renta (aunque debe quedar claro que el impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos ya es bastante progresivo, y sigue siéndolo incluso después de realizar ajustes para reflejar los impuestos a nivel estatal y local¹).  Sin embargo, si justifican estas medidas con la idea de que “lo único que haríamos sería volver a los tipos fiscales más equitativos del pasado”, entonces tendremos que advertir que su análisis de los datos es bastante mediocre, lo que resulta irónico, teniendo en cuenta que muchas de estas personas y artículos suelen culpar a los demás de distorsionar los datos.

Es cierto que los tipos impositivos sobre el 1% de hogares más ricos eran mucho más altos antes. Sin embargo, este dato carece de cualquier utilidad si no comprendemos el efecto del resto de la legislación fiscal en relación con los tramos² y las deducciones. La Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense calcula los “tipos impositivos efectivos”, un concepto bastante sencillo: es la cifra total de impuestos que se paga como porcentaje de la renta. Tal y como se muestra en el primer gráfico, cuando el tipo legal federal más alto ascendía al 70% en 1979, los tipos impositivos efectivos sobre el 1% más rico de la población eran aproximadamente iguales que los de ahora. Hasta Sáez y Piketty (hablaremos de ellos en mayor profundidad más adelante) muestran que los tipos impositivos efectivos sobre el 1% más rico no eran mucho más altos en los años 50 si se incluyen todos los impuestos federales, estatales y locales sobre la renta, seguridad social, bienes inmuebles, impuestos especiales y otros (segundo gráfico). En conclusión: el histórico no proporciona un precedente de tipos fiscales marginales del 70% si se comparan magnitudes equivalentes, y la gente debería dejar de afirmar lo contrario³. Sería mejor basar los argumentos en el futuro, no en el pasado.

Impuestos sobre el patrimonio. La senadora Elizabeth Warren⁴ ha anunciado un plan para establecer un impuesto sobre el patrimonio del 2%, aplicable a los activos de los hogares que superen los 50 millones de dólares (ver Anexo sobre la constitucionalidad del impuesto sobre el patrimonio, y posibles alternativas). Según un artículo del Washington Post publicado en el mes de enero, el plan de Warren se basa en los trabajos de Sáez, Piketty y Zucman, algunos de los cuales asesoran directamente a la Senadora. En septiembre de 2017 ya mencionamos los trabajos de estos economistas⁵. Resulta que no es tan fácil obtener datos sobre el patrimonio de las personas por su nivel de renta, y que estas estimaciones requieren una gran cantidad de suposiciones.

Los economistas de la Reserva Federal que también han estudiado la distribución de la riqueza en Estados Unidos han publicado una refutación contundente del análisis de Sáez y Piketty, en la que expresan su preocupación por lo poco que se ha cuestionado su metodología, o la sensibilidad de sus resultados a cambios en las suposiciones⁶, y concluyen que los métodos de Sáez pueden derivar en resultados “improbables”. Otros enfoques alternativos para obtener la cuota de riqueza correspondiente al 1% que mostramos en el primer gráfico, también apuntan a altas concentraciones de riqueza, pero parece que éstas no han cambiado demasiado desde los años 60, en contraste con el análisis de Sáez y Piketty.

Otros investigadores han analizado el trabajo de Sáez sobre la desigualdad de la renta. En una nueva refutación, los economistas del Tesoro estadounidense y el Comité Conjunto sobre Fiscalidad presentan una imagen muy distinta de la desigualdad en la distribución de la renta que los resultados ampliamente citados de Sáez y Piketty⁷, que mostramos en el segundo gráfico. Los autores del Tesoro y del Comité Conjunto sobre Fiscalidad estadounidense afirman haber logrado una medición más exacta de la renta: han eliminado las distorsiones derivadas de la modificación de las normas fiscales que afectaron al número de declarantes y han ampliado la definición de qué constituye “renta”. Su conclusión es que el incremento de la desigualdad en la distribución de la renta desde los años 60 asciende a tan sólo una décima parte de los resultados publicados por Sáez y Piketty. El artículo del Tesoro y del Comité Conjunto sobre Fiscalidad estadounidense describe cómo Sáez utiliza datos de declaraciones fiscales sin ajuste alguno para obtener distintos niveles de renta: “Estos resultados muestran que las mediciones basadas en las declaraciones fiscales sin ajuste alguno presentan una versión distorsionada de las tendencias de desigualdad, ya que los niveles de renta comunicados en las declaraciones fiscales son sensibles a los cambios en las leyes fiscales, e ignoran fuentes de renta situadas fuera del sistema impositivo sobre la renta de las personas físicas.”

Anexo: Constitucionalidad de los impuestos sobre el patrimonio, y alternativas de facto

La primera reacción de muchas personas ante la idea de un impuesto sobre el patrimonio es que probablemente sea anticonstitucional, dado que la 16ª Enmienda sólo aprueba los impuestos sobre la renta, y las disposiciones constitucionales anteriores prohíben a los estados establecer impuestos que no se asignen según el mismo ratio. No obstante, algunos expertos fiscales ya han identificado alternativas a un impuesto sobre el patrimonio, utilizando métodos de integración patrimonial. En otras palabras, en estos métodos en lugar de gravarse directamente el patrimonio, éste se utiliza como dato para calcular el impuesto sobre la renta con la idea de llegar a un resultado similar. Este enfoque podría en apariencia equivaler al establecimiento de un Impuesto sobre el Patrimonio, pero un artículo reciente publicado por un catedrático de Derecho de la Universidad de Ohio State ha rechazado las posibles objeciones a la constitucionalidad de la integración patrimonial impositiva, argumentando que la 16ª Enmienda no la prohíbe, y que rechazarla exigiría a los Tribunales derogar la doctrina constitucional ya asentada¹¹. Este autor incluso afirma que, dado que es probable que los Tribunales acepten los métodos de integración patrimonial, deberían permitir al Congreso gravar directamente el patrimonio. Bienvenidos a 2019. Los probables candidatos para un impuesto de integración patrimonial son la eliminación gradual de las deducciones para los que superen un determinado umbral de patrimonio o el incremento de los tipos impositivos marginales en base a tramos de patrimonio. Además, la definición de patrimonio podría exigir que los activos líquidos se valoren mark-to-market, imponiendo sobre los contribuyentes un impuesto de facto sobre el patrimonio, con independencia de que los activos se vendan o no. Para estas familias probablemente se igualen los tipos aplicables a la renta y los tipos sobre las plusvalías.

¹ Ver artículo de Eye on the Market de 10 de diciembre de 2014.

² Por ejemplo, en 1955, el tramo impositivo superior se aplicaba al superar el umbral de 3,5 millones de dólares de hoy, en comparación con 466.000 dólares en el momento actual.

³ Lo que sí ha cambiado desde los años 60 es el equilibrio entre el gasto social y los programas de gasto discrecional que impulsan el crecimiento (formación profesional, infraestructuras, I+D en energías renovables, etc.). En los años 60, el gobierno federal gastaba 0,60 dólares en derechos sociales por cada dólar de gasto en programas discrecionales. En la actualidad, el gobierno dedica 3,30 dólares a gasto social por cada dólar de programas discrecionales, y las proyecciones indican que en 2025 la proporción será de 4,5 dólares por cada dólar de gasto discrecional (Oficina Presupuestaria del Congreso).

⁴ La Senadora Warren también propone algo que llama la Ley del Capitalismo Responsable, que establecería una "Oficina Federal de Corporaciones estadounidenses", que tendría poderes para conceder y revocar la autorización de las sociedades cotizadas en función de que generen "un beneficio para el público en general" y un "efecto material positivo sobre la sociedad.”

⁵ “Nuevo análisis de los famosos gráficos sobre desigualdad patrimonial y de renta en Estados Unidos”, Eye on the Market, 5 de septiembre de 2017.

⁶ “Measuring Income and Wealth at the Top Using Administrative and Survey Data”, Bricker et al. (Junta de la Reserva Federal), Brookings Papers on Economic Activity, primavera de 2016. Hay una crítica similar de los percentiles de riqueza de Sáez en ”What do we know about the evolution of top wealth shares in the US”, Kopczuk (Columbia), 2015.

⁷ “Using Tax Data to Measure Long-Term Trends in U.S. Income Inequality”, Auten (Tesoro estadounidense) y Splinter (Comité Conjunto sobre Fiscalidad), diciembre de 2016. Según los autores del Tesoro y del Comité Conjunto sobre Fiscalidad, su análisis abarca cerca del 90% de la cifra total de renta, en comparación con el 60%-70% que utilizan Sáez y Piketty, y contiene ajustes para eliminar las distorsiones resultantes de la Ley de Reforma Fiscal de 1986.

⁸ Muchos de los temas que ha valorado el Washington Post no son hechos probados, y requieren interpretaciones y juicios con los que no todo el mundo estará de acuerdo (yo no lo estaba). Aun así, James Pfiffner (autor de una docena de libros sobre la Presidencia y Catedrático de Políticas Públicas en la conservadora Universidad George Mason), y George Edwards de Texas A&M (politólogo que edita la revista académica Presidential Studies Quarterly) están de acuerdo con el espíritu de sus conclusiones. 

Tema relacionado con la herramienta de comprobación del Washington Post: Una congresista del estado de Nueva York atacó al Post cuando contradijo sus afirmaciones sobre trabajadores que cobraban el salario mínimo, con un tweet en el que declaraba que la fuente del Washington Post estaba al servicio de “intereses empresariales”. En realidad, los datos provenían de un estudio de Jason Furman (del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Obama). La respuesta del Washington Post fue que “No siempre se debe creer lo que se lee en Twitter”. Nadie está exento de críticas si no apoya el resultado deseado.

⁹ El Presidente Obama afirmó repetidas veces: “Si le gusta su plan sanitario, podrá quedarse con él” en relación con el Affordable Care Act.  PolitiFact concedió a Obama el dudoso honor de ser el autor de la “Mentira del Año” en 2013 por esta declaración.

¹⁰ Ver artículo de Eye on the Market de diciembre para obtener más detalles sobre este gráfico y sus implicaciones.

¹¹ “A Constitutional Wealth Tax”, A. Glogower (Facultad de Derecho Moritz de la Universidad del Estado de Ohio), enero de 2019.  Ejemplos que cita el autor de impuestos sobre el patrimonio que ya existen en Estados Unidos: el Proyecto de ley fiscal de 2017, que prohíbe las deducciones en el impuesto de sociedades de los pagos por seguros de depósitos a la FDIC en base al importe de los activos bancarios, y que asimismo aplica tipos impositivos distintos a los ingresos provenientes del extranjero dependiendo de las inversiones de la compañía en activos cualificados; y la Sección 1202, que permite exclusiones en la fiscalidad de las ganancias de capital en base al importe de activos cualificados de pymes.